¿A quién compete asegurar la educación de la ciudadanía? Para unos claramente es una obligación del Estado (no interesa aquí en qué Estado concreto prefiera vivir cada cual), que debe proveer los medios materiales y humanos y organizarlos de forma que satisfaga esta necesidad en todos y cada uno de los rincones y a todas y cada una de las personas, sin excepción. Es la garantía de una sociedad cohesionada y justa. Para otros, en cambio, la función de la educación debe residir sin duda en la sociedad, que, aunque con la ayuda económica del Estado, debe organizarse y ofrecer en las corporaciones que libremente se constituyan la pluralidad de opciones que permitan que la ciudadanía opte por un modelo u otro según sus convicciones. Aquí tenemos, en síntesis, planteado el conflicto entre lo público y lo privado, entre el derecho universal a una educación de calidad y el derecho a la libertad de enseñanza, ambos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (más…)
No proliferan en exceso, pero de vez en cuando nos llegan noticias de experiencias educativas que pretenden dar respuestas alternativas al alumnado que, por diferentes razones, no ha encontrado su lugar en el sistema educativo tradicional. En nuestro entorno no está autorizado el modelo Home School, pero sí pugnan por ser, en primer lugar, reconocidas, y a poder ser concertadas, propuestas educativas que proponen alejarse de los patrones habituales de funcionamiento del común de los establecimientos educativos. Unas veces, las negociaciones con las autoridades educativas se llevan con discreción y van logrando avanzar en su consolidación. Otras veces, el conflicto se hace público, como está ocurriendo con el caso del centro Osotu Lanbarri, que atiende a 65 niños y niñas de Educación Primaria, que, por problemas de atrasos en la realización de obras en el lugar pensado para para su ubicación, Güeñes, ha abierto sin todas las autorizaciones administrativas en Zierbana, estando a punto de concluir su primer año de funcionamiento. 
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