Aportaciones a la consulta pública de la Ley de Educación

En cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el Gobierno Vasco somete a consulta pública su intención de elaborar una Ley de Educación de Euskadi. Aunque es dudosa la virtualidad participativa del este trámite, no deja de ser una ocasión para la reflexión personal, pero pública también. Es por eso por lo que me animo a compartiros en esta entrada las aportaciones que he hecho al procedimiento de consulta abierto por el Gobierno Vasco.

La educación vasca pasó la década de los ochenta en un debate sobre cómo debía configurar su educación, y en particular su modelo público, ante la triple herencia recibida de las escuelas nacionales transferidas, las ikastolas y una red de centros privados, en su mayoría de ideario religioso, con una potente implantación. La Ley 1/1993 de la Escuela Pública Vasca, aunque asimilándose a modelos del entorno, intentó reordenar y simplificar nuestra estructura, antes de centrar los esfuerzos en la Reforma educativa.

En aquel punto de inflexión se zanjaron -para bien o para mal- algunas cuestiones de ordenación del sistema, y después no se ha vuelto a dar un abordaje profundo de las estructuras de nuestra educación. Llevamos demasiado tiempo viviendo de las rentas. En este sentido comparto con el Gobierno Vasco la necesidad de replanteamientos que posibiliten el alumbramiento de nuevos horizontes educativos, más allá de las miradas de corto alcance que han predominado en las políticas educativas de nuestro país en los últimos 25 años.

Los procesos vertiginosos de cambio en nuestras sociedades están contribuyendo a agudizar la sensación de que necesitamos abordar una educación que percibimos obsoleta. Pero -y aquí la primera objeción al análisis que hace el Gobierno Vasco- la necesidad de nuevos y, sobre todo, más amplios consensos, no debe venir principalmente motivada por un mercado que se anuncia escaso de oportunidades y ante el que hay que espabilar, o por no perder comba ante la vorágine de cambios tecnológicos, asumidos tantas veces de forma acrítica, sino por la necesidad de abordar los problemas estructurales que aquejan a nuestra educación.

Digámoslo claramente: El Departamento de Educación quiere una Ley para la modernización del sistema, pero sin tocar el actual statu quo. Y añado otra motivación: una Ley para salirnos de la extraña singularidad que supone que seamos de las pocas comunidades autónomas que no dispone de una Ley de Educación. En definitiva, se busca una ley que, bajo retóricas de excelencia y equidad, encuentre los modos para homologarse a lo que piden los mercados, y a la vez con nuestro barniz identitario.

Dentro de este propósito, en el análisis del Gobierno se da por amortizada la Ley de la Escuela Pública Vasca, cuando llevamos 25 años en que nadie se ha ocupado ni de actualizarla, ni de desarrollar las potencialidades que encierra, sino como mucho de realizar aquellas modificaciones imprescindibles exigidas por los cambios en las normativas básicas estatales.

Por el contrario, se ofrece como producto acabado un pacto inexistente, como paso ya consumado hacia la Ley. El documento que en su día se presentó como “Bases para un acuerdo educativo” se ha convertido en el texto de Gobierno en “Acuerdo por la Educación de Euskadi”. Un acuerdo requiere el consenso de diferentes agentes con diferentes intereses en cuestiones que son objeto de controversia. Los temas planteados en aquel documento (modernización, convivencia, lenguas, evaluación y autonomía de los centros) son necesarios e importantes, nadie lo niega, pero salvo el lingüístico, no eran básicamente controvertidos. Y no necesitan una ley para su desarrollo. Además el proceso de elaboración del documento estuvo demasiado tutorizado: la elección de los temas vino predeterminada y las ponencias de base ya estaban redactadas. Las personas a las que se invitó a participar solo pudieron hacer aportaciones sobre textos dados, cuya autoría se desconocía. El resultado final de los textos no se conoció hasta el día de la presentación del documento.

Por tanto, no está cumplido el primer paso del acuerdo de gobierno: el pacto, aunque el PSE no diga nada mirando para otro lado, a ver si pasa la legislatura. La verdadera necesidad no está tanto en apresurarse a una Ley configurada como superestructura validante de lo que hay, sino en tomar el tiempo necesario para la participación y el debate hacia un verdadero acuerdo sobre la educación que queremos en este país.

El primer acuerdo debe darse sobre la agenda de temas. A los temas anteriores, en la propuesta del Gobierno se ha añadido uno nuevo que aplaudo por su indudable interés: la redefinición de un modelo de gobernanza educativa, lo que, sin duda obliga a repensar el modelo de Administración educativa que tenemos.

Pero, al mismo tiempo,  resulta “clamoroso” el aparcamiento de algunas cuestiones que afectan a la estructura del sistema: las debilidades del actual sistema dual, la reconfiguración del mismo en el horizonte de un proyecto público hegemónico, la reformulación del propio concepto de lo público, los criterios de concertación, la asunción de las responsabilidades sociales de los agentes que buscan su espacio educativo, la financiación, la eliminación de barreras como el copago, la superación de la segregación escolar, la baja tasa de natalidad y su repercusión en la competencia educativa, el creciente peso de la emigración en nuestra sociedad, la superación de los modelos lingüísticos… Mientras estas cuestiones sean obviadas no habremos construido una respuesta duradera y las crisis en forma de huelgas, dualidades y tensiones irresolubles seguirán reproduciéndose periódicamente, siendo cada vez más complicado gestionarlas

En resumen, prioricemos el debate y el acuerdo antes de apresurarnos a una ley enmascaradora, que pase de puntillas por los desajustes estructurales. Las bases son claramente insuficientes. Digamos no a una ley a modo de superestructura que consolide el status actual y sí a una ley que permita ampliar consensos de país. No a una ley-txapela, y sí a una ley que busque la singularidad vasca en la participación comunitaria y el enraizamiento local, además de, lógicamente, en los elementos lingüísticos y culturales diferenciadores, siempre en permanente síntesis por el mestizaje creciente que caracteriza a nuestra sociedad, cada vez más sostenida por la inmigración. No a una ley que asuma acríticamente la exigencia de aggionamento que reclaman los mercados y sí a una ley que no hace de los medios, fines, sino que ponga en el centro del currículo las razones de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, enseñando al alumnado a pensar y a construir alternativas de vida al actual “modus moriendi”.

La ley no va a ver la luz, al menos esta legislatura. Pero seguro que la Viceconsejera de Administración y Servicios ya está trabajando muy afanosamente en su articulado. Espero que tenga en cuenta estas reflexiones.

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