Una de las fuentes de segregación escolar consiste en que, pese al reconocimiento legal de la gratuidad de la enseñanza, en la práctica el gasto público no termina de cubrir todas las necesidades, necesita ser complementado por el gasto privado y eso, a su vez, trae un efecto clasificatorio en la ciudadanía. En este contexto, se hace perentorio saber cuánto dinero público es necesario para poder ejercer el derecho a la educación con total gratuidad. De ahí la pertinencia de la pregunta por el coste de una plaza escolar.