Una de las fuentes de segregación escolar consiste en que, pese al reconocimiento legal de la gratuidad de la enseñanza, en la práctica el gasto público no termina de cubrir todas las necesidades, necesita ser complementado por el gasto privado y eso, a su vez, trae un efecto clasificatorio en la ciudadanía. En este contexto, se hace perentorio saber cuánto dinero público es necesario para poder ejercer el derecho a la educación con total gratuidad. De ahí la pertinencia de la pregunta por el coste de una plaza escolar.

La actuación 14 del Pacto contra la Segregación Escolar de Catalunya, aprobado hace casi dos años, se propuso crear una comisión técnica de expertos para estudiar y determinar el coste total de una plaza escolar en los niveles de provisión universal y gratuita, es decir, en la enseñanza obligatoria. Auspiciada por el Sindic de Greuges, dicha comisión se conformó y el pasado verano nos dio a conocer sus conclusiones, entre las que quiero fijarme en las siguientes (aquí informe completo):

1. No puede hablarse del coste unitario de una plaza, pues la realidad de los centros es muy variada según sus necesidades y su composición socioeconómica. De ahí que la comisión distinga entre el coste teórico de una plaza, en la ficción de que los centros tuvieran unas condiciones homogéneas de escolarización, y el gasto real, que, según las situaciones, puede ser muy diverso.
2. Incluso en el caso de querer garantizar la gratuidad total del coste teórico de una plaza escolar, la financiación pública catalana es deficitaria en 1.163 millones.
3. Por ello, se puede concluir que el principio de gratuidad de la enseñanza no se cumple en el sector público y, particularmente, en el concertado. Sin contabilizar las actividades y servicios complementarios, el gasto real por alumno/año no cubierto por la financiación pública es de 140 euros en el sector público y 1640 euros en el concertado.
4. El gasto público es más elevado en el sector público, lo que viene explicado principalmente por el coste diferenciado en la dotación de plantillas, eso sí, en un contexto en que el sector público escolariza a una proporción más alta de alumnado socialmente desfavorecido. La infrafinanciación pública es más elevada en el sector concertado. Eso y el factor distintivo de muchos proyectos explica que el gasto privado sea más elevado en el sector concertado. De media, 1.461 euros en Primaria y 1.386 euros en Secundaria más que la Pública.
5. Entre los centros públicos, y, muy especialmente, entre los concertados, hay una fuerte asociación entre aportaciones de las familias y la composición social del centro, lo que provoca proyectos educativos desiguales.

Estas conclusiones nos introducen de lleno en el debate, por un lado, de la gratuidad de la enseñanza, en general, y, por otro lado, en el de la necesidad de mejorar la financiación o no del sector concertado y en qué condiciones. El informe catalán es claro en su propuesta de mejorar la financiación del sector concertado, pero siempre asociando esa mejora a la asunción de compromisos con la cohesión social. Una mejora lineal y homogénea de la financiación de los centros concertados no traería necesariamente mejores resultados en la lucha contra la segregación. Se proponen los contratos programas como la mejor herramienta para ir realizando esos incrementos. Junto con esto, el informe propone un sistema de aplicación gradual que empiece por posibilitar las condiciones de gratuidad de los centros de entornos más desfavorecidos.

Siempre ha habido voces propugnando que la financiación a los centros concertados sea eacorde con sus compromisos sociales, de manera que cabría escalas: desde centros con financiación pública completa que permitan el copago cero, hasta centros que en diversos grados obliguen a las familias a pagarse parte de su educación. Aunque parezca razonable, no termino de ver esa gradación, por el efecto de “descreme” clasificatorio que podría producirse, en la medida en que las capas más pudientes migrarían hacia los centros con mayor copago, agudizándose la escalera social. Creo más bien que, en un contexto de disponibilidades presupuestarias limitadas, solo los centros que responden a necesidades sociales y muestran o están dispuestos a mostrar ese compromiso pueden ser financiados en igualdad de condiciones. Esto puede ser compatible con la dotación de más recursos a los centros con mayor necesidad educativa, pero desde una base de gratuidad común, no de copago escalonado.

Se puede especular sobre si la realización en el País Vasco de un estudio semejante arrojaría una fenomenología similar. Probablemente sí. Pero de lo que nadie debería dudar es de la necesidad de llevarlo a cabo para poder avanzar en políticas de reforma estructural. Hasta ahora los efectos colaterales de no querer abordar los problemas de la financiación del sector concertado se reflejan, por un lado, en las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, y, por otro lado, en la segregación escolar. La forma de abordar esas cuestiones ha tenido hasta ahora más que ver con el parcheo (cesiones al límite para desactivar las huelgas; programitas y algunos recursos más a los centros más complejos) que con el abordaje valiente de la situación. Confiemos en no seguir abonados a la agonía.

NOTA: mientras escribía esta entrada, se ha aprobado, con alguna polémica, el nuevo Decreto de admisión de alumnado en Catalunya. Aunque está relacionado con reflexiones arriba expuestas, su análisis queda para otra posible entrada más adelante.