Una bicicleta para que se mueva la educación vasca

Decir que la educación vasca (la de la CAPV) está estancada, que no sale de su zona de confort, que se mantiene en un continuismo exasperante es un tópico, por lo repetido, pero que responde a una percepción social ampliamente compartida. ¿Qué será lo que la dinamice? Ahora que hay una coyuntura postpandemia con deseos de renovación social y que se avistan unas elecciones autonómicas, voy a imaginar por mi parte, con dosis de ingenuidad y de pesimismo esperanzado a partes iguales, una bicicleta con dos ruedas que haga avanzar la educación vasca.

La primera rueda debería ser un gran pacto por los valores de lo público. Se insiste mucho en estos tiempos en la necesidad de los servicios públicos, en el sentido fuerte estatal, por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de una sanidad pública. Eso está muy bien. Pero en la enseñanza del País Vasco, el punto de partida no es el de la sanidad, es bastante más complejo y debemos tenerlo en cuenta. Eso significa no solo que la configuración del sistema educativo de Euskadi es el fruto del devenir de la historia, sino que también es la cristalización de políticas concretas que han llegado hasta nuestros días y que, no lo olvidemos, han sido refrendadas social y políticamente, como probablemente tendremos ocasión de comprobar próximamente en las siguientes elecciones.

Sobre esta base, creo que hay que salir de la dinámica estéril de las beligerancias entre redes y agentes educativos por demostrar quién es más público y entrar en detalle en acuerdos de colaboración. Sin renunciar al fortalecimiento de la red pública, creo más fecundas las dinámicas colaborativas, pues a medio-largo plazo nos pueden acercar al objetivo de superar las dualidades actuales. No he dejado de considerar la importancia de la titularidad, pero ahora mismo no debería ser la cuestión inmediata.  Naturalmente, no hablo de una colaboración seráfica de bases volátiles, sino precisamente aquella que permita aglutinarse en torno a un gran acuerdo sociopolítico por los valores de lo público. Hay que pasar la prueba del algodón a todo el sistema educativo, abriéndonos a la clara posibilidad de dejar fuera del apoyo de la financiación pública a quien no supere la prueba.

Los mimbres de ese gran acuerdo por lo público deben ser los siguientes:

  • un gran pacto educativo contra las tendencias discriminatorias y segregadoras de nuestra sociedad, reproducidas, a veces aumentadas, en el ámbito educativo;
  • la implementación de unos mecanismos de gestión y de control que aseguren la gobernanza transparente y sin ánimo de lucro de los centros y
  • la potenciación de una cultura democrática y participativa no solamente en los centros, sino en el funcionamiento de la Administración y en la relación de esta con aquellos.

Estos enunciados, un tanto grandilocuentes, para ser creíbles deben de tener una plasmación en políticas concretas y en normativas que las operativicen. El pacto contra la segregación supone que los centros acepten medirse por su INE (índice de necesidades educativas) u otro índice parecido para saber si son diversos o si son demasiado homogéneos. Ello debe tener unas consecuencias en normativas de planificación y de matriculación, en las comisiones que controlen esos procesos y también en la adopción de medidas de suspensión de ayudas públicas para quienes no se ajusten o no hagan nada por someterse a parámetros de verdadera atención a la diversidad. Significa actualizar la normativa sobre conciertos de 1987, poner en marcha mecanismos y controles que permitan alcanzar de forma eficaz la gratuidad y, sin que duelan prendas, replantear la verdad sobre la financiación de la enseñanza concertada —y de la pública— para que aquella no pueda ser ni una subcontrata barata, ni un chiringuito poco transparente en sus cuentas. A estas alturas se necesita un gran acuerdo social para saber el coste real de una plaza escolar. Se necesitan auditorias y rendición de cuentas con los medios contables modernos y contrastados de que hoy día disponemos, que le declaren la guerra de una vez al oscurantismo. Significa también no eludir la vieja pregunta de si siempre y en todo es pública la escuela pública y pasarse el algodón desde ella.

Respecto al segundo mimbre, es preciso profundizar en la educación como bien común, como propone la UNESCO. Dicho de otra manera, entender lo público no solo desde la titularidad de la Administración, cuyo papel, en todo caso, debe transformarse, pero no desaparecer, sino como una apropiación comunitaria del hecho educativo. De esta manera, una nueva gobernanza desde lo público implica reformas de calado en el actual funcionamiento centralista y uniforme de la Administración para dar paso a una mayor participación ciudadana, para que se ponga al servicio de los centros, para que estos sean protagonistas de sus sueños-proyectos y no meros ejecutores de los planes que la Administración piensa para todos. Significa centros más enraizados en su entorno, el replanteamiento del papel de los municipios en una nueva cogobernanza y, ¿por qué no?, el estudio de nuevas fórmulas de titularidad que, sin postergar a la Administración, permitan la constitución de entidades de derecho público a partir de las propias comunidades escolares.

Y sobre el tercer mimbre, necesitamos inaugurar una nueva época de mayor protagonismo participativo. Los centros con sus AMPAs deben ser lugares de activismo social, de debate, de propuesta y participación en un marco regulado de autonomía, de interacción con el entorno. Las AMPAs, en su pluralidad, están llamadas a un empoderamiento dentro de los centros escolares. Este momento de debilidad social y económica es muy propicio para reforzar las redes de solidaridad y el cuidado, no solo en sentido asistencial, sino también en su carácter político (no partidista). La ciudadanía no debe conformarse con delegar la educación en un mercado con ofertas variadas, sino comprometerse activamente en ella.

La segunda rueda de la bicicleta tiene que ver con el alumbramiento de un nuevo paradigma educativo en los centros educativos. Es una cuestión de fines de la educación, para que dicho nuevo paradigma no sea el pagafantas del neohumanismo capitalista. Se trata de una revolución educativa que debe impulsarse más que desde arriba, desde los propios centros. Una revolución basada en un ¿nueva? antropología pedagógica, imposible de sintetizar aquí, pero que debe hacer un replanteamiento radical de roles, de espacios, de tiempos, de concepciones curriculares rígidas, de superación de la escuela de Comenio y Gutemberg, emergiendo al nuevo ecosistema digital (Fernández Enguita), que enriquezca y multiplique comunitariamente las interacciones y que permita la creatividad de los centros. En nuestro caso particular será necesaria también una recapitulación de los consensos lingüísticos hace tiempo superados y alumbrar un nuevo y difícil acuerdo a partir de lo que nos dicen las constataciones empíricas de las evaluaciones, un nuevo pacto lingüístico para las lenguas en la enseñanza.

Esta bicicleta que propongo no podrá marchar sin aglutinarnos en torno a ejes de clara vocación social, por encima de cualquier otra prioridad, lo que debe suponer un liderazgo político que haga de la educación una prioridad de país, pero que debe ser sustentado desde la complicidad y el compromiso de una mayoría social que comprenda los beneficios para toda la sociedad de unas políticas inclusivas que combatan los privilegios educativos, para contribuir desde la educación a una sociedad más plural, diversa y cohesionada.

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