La escuela concertada, con diferentes matices según las patronales, está reclamando ser reconocida como servicio público educativo en un posible pacto escolar y en la hipotética ley del sistema educativo vasco que se derivase del mismo. Sin embargo, llama la atención que se reclame algo que ya está reconocido. Es precisamente el denostado marco estatal LOE-LOMCE el que así lo recoge en su artículo 108.4: La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados.
En el ámbito vasco, el Consejo Escolar de Euskadi fue testigo en su momento de un debate intenso, a propósito del dictamen sobre el Decreto 21/2009, por el que se planifica la red vasca de centros docentes. El debate planteaba si la Administración debía garantizar una plaza en un centro público a cualquier familia que lo solicite. De hecho, esa fue la recomendación que finalmente hizo el Consejo. Sin embargo, el Decreto salió de esta manera: Se garantizará que todo alumno y alumna disponga de una plaza escolar, en un centro sostenido con fondos públicos (artículo 5.2).
Guste o no, la Administración central y vasca han decidido prestar el servicio educativo a través de centros propios y de otros subcontratados. Todos son instrumento de los que se vale el Estado y sus administraciones para garantizar el derecho a la educación. ¿Cómo se verifica en el caso de los centros privados y de iniciativa social? Pues, como en toda subcontrata, por medio de un «concierto» o contrato por el que un centro a cambio de una determinada financiación con fondos públicos, se somete al cumplimiento de determinados requisitos de funcionamiento público, como, por citar algunos ejemplos, la prohibición de seleccionar el alumnado, la gratuidad de la enseñanza, el funcionamiento de Consejos Escolares con alguna atribución sobre la elección de la dirección o sobre la contratación y despido de sus profesionales , etc. Ahora no entro en la validez actual de ese contrato, ni en su grado de cumplimiento por las partes.
Por tanto, si los centros privados concertados están reconocidos como parte de la prestación del servicio público de educación, ¿a qué se refiere la red concertada, cuando reclama un statu que ya está concedido? Podría entenderse que soliciten la revisión de los conciertos-contratos en búsqueda de una mayor financiación. La contraparte, la Administración, también podría elevar el listón de las exigencias públicas para renovar los conciertos. O, al menos, controlar que de verdad se cumplen las que ya existen.
Pero lo anterior se movería, sin más, en el plano de una hipotética renegociación de los conciertos, en términos más satisfactorios para las partes, si esto fuera posible. Sin embargo, las Ikastolas ya han señalado que les importa más el fuero que el huevo, el reconocimiento que el incremento inmediato de la financiación. Vuelve la pregunta: ¿De qué reconocimiento estamos hablando?
Convendría que la concertada en su conjunto o sus diferentes asociaciones y patronales aclarasen esta cuestión, para no movernos en las conjeturas. ¿Es simplemente una tapadera para pedir más financiación? ¿Es una cuestión de un nuevo paradigma? Si es así, ¿cuál sería este? ¿Se está pidiendo un reconocimiento de los centros concertados como centros públicos no estatales, como se les consideró a las Ikastolas, incluso por parte del Estado, en la década de los ochenta? ¿Se está proponiendo un sistema público unificado, cuando se emplea la expresión «Servicio Educativo Público Vasco»? ¿Conlleva ello una desanexión del Estado, como proponen las Ikastolas, buscando un nuevo paradigma vasco?
En una cosa sí parecen coincidir las diferentes patronales de la red concertada: la titularidad no es relevante para el reconocimiento de un centro como público. La pregunta que surge, entonces, es la siguiente: si es tan secundario, ¿por qué no aceptan publificarse? ¿Por qué no se someten a las normas públicas de provisión de personal? ¿Por qué no dejan en manos de sus comunidades escolares la definición de sus idearios?
No tratan de ser preguntas malintencionadas. Yo lo entiendo. Para empezar, no hay publificaciones porque a la Administración no le interesa. Pero, además, para centros concertados sería soltar las riendas, el control de proyectos e idearios, legítimos, pero particulares. No hay intención de diluirse en el mar «uniformante» de lo que hoy es la red pública.
Como puede verse, la titularidad sí es muy importante. Y no se puede constituir una red pública unificada mixta, con distintas titularidades y, por tanto, con dos formas tan diferentes de generar el hecho educativo, como a día de hoy tienen la red pública y la privada, de la misma manera que no se pueden sumar magnitudes diferentes. Me temo que mientras la red pública no avance en la pluralidad y en la autonomía de cada centro y comunidad y la red concertada no esté dispuesta a ceder el control de sus proyectos y a publificarse con todas su consecuencias, vamos a tener dualidad para mucho tiempo.
Hezkuntzaz 
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