Alivio. Es la sensación que compartieron  las cuatro partes interesadas (sindicatos, patronales, Departamento de Educación y familias) ante el anuncio la pasada jornada de reflexión electoral (¿casualidad?) de un acuerdo y la consiguiente desconvocatoria de las huelgas previstas para este mes de noviembre en el sector. No cabe sino felicitar a las partes, especialmente al conjunto de trabajadoras y trabajadores, cuya necesidad de mejorar las condiciones de trabajo nadie discutía. Dicho esto, es el momento de analizar con más pausa el acuerdo. A ello las próximas líneas.

El acuerdo recoge cuatro mejoras llamativas: Las subidas salariales, algunas mejoras en la jornada (nada para echar cohetes), la mejora de algunos colectivos más precarizados (especialistas de apoyo educativo, personal de 0-3 años), la mejora de las condiciones del contrato relevo y la reactivación mejorada de la bolsa de recolocación. Sin embargo, más allá de los contenidos laborales, la principal conquista estriba en que el acuerdo tuerce el brazo de la patronal respecto a desvincular los incrementos salariales y otras mejoras laborales del incremento en la financiación del Departamento de Educación, lo que no ocurre en el otro sector concertado, las ikastolas, y, que yo sepa, en otras partes del Estado.

Una vez roto el principio es difícil volver a esgrimirlo en futuras negociaciones. Imagino en el momento presente a todos los centros con la calculadora delante haciendo sus números para ver cómo hacer frente a lo comprometido. Es lógico que se haya generado una suspicacia en las familias sobre si de una manera más o menos sibilina se van a producir incrementos en sus aportaciones, pese a que Mikel Ormazabal, Director de Kristau Eskola, haya señalado que “intentarán” que no sea sí.

En este punto es preciso recordar que, aunque con frecuencia nos referimos al sector como un todo compacto y homogéneo, hay centros concertados de primera y de segunda, que los de primera tienen unas familias acomodadas que de una u otra manera van a sostener al centro y que los que actúan en medio desfavorecido, cargan económicamente bastante menos a las familias y soportan un volumen considerable de devolución de recibos, tienen una situación mucho más precaria.

Si ello y la bajada de la natalidad va a incrementar la lista de centros aspirantes a entrar en crisis se verá en un plazo no demasiado largo. No me quiero adelantar a los acontecimientos, pero sería lamentable, -y esto no tiene que ver con las reivindicaciones sindicales- que la cuerda del sector se rompa por el lado más débil y que quien más puede tener justificada su presencia y la ayuda pública, se vea abocado a desaparecer agudizando la dualización en la enseñanza vasca. De hecho, en un momento en que ELA en aras de la unidad sindical había abandonado la idea de los convenios centro a centro, Mikel Ormazabal concibe la posibilidad de descuelgue de algunos de sus centros.

Quiero hacer también mención a otro actor que se ha asomado a lo que ocurría. Me refiero al Gobierno Vasco. Para algunos el Departamento que entró “de perfil”, ha salido “de rositas”. Ciertamente estaba muy interesado en que esto se solucionara lo antes posible, para que no se le volviera (más) en contra, y con el menor coste posible. Parece que lo ha logrado. Ha estado presente en las negociaciones, pero como su contribución no está recogida en el acuerdo bilateral, las conjeturas sobre su aportación se pueden disparar también. Por lo que parece, además de alguna mejora particular como la plena financiación de la figura del orientador, la aportación que le ha parecido asumible es la de sufragar el coste del 50% de la cuota a la Seguridad Social a los trabajadores y trabajadoras que se acojan al contrato de relevo. Cabe agradecer que haya contribuido en algo al desbloqueo, pero no tengo ninguna duda respecto a que su papel no es ocuparse de los trabajadores que no están bajo su dependencia, sino abordar las cuestiones estructurales de fondo que aquejan al sector de la concertada, léase, renovar el decreto de conciertos y con ello los criterios de concertación, reestructurar el sector, fijar claramente el coste de una plaza, dejar de subcontratar de forma barata a los que queden, financiar para acabar con las cuotas, controlar más la transparencia contable, el funcionamiento orgánico y la participación en los mismos, etc.

En el capítulo de las ausencias llama la atención la de LAB, cuarto sindicato en el sector, y la debilidad argumentativa con que ha justificado su postura, aduciendo el protagonismo excluyente de ELA en la negociación (más de 60% de representación) y la pérdida del derecho a la reducción horaria a cambio de mejorar notablemente el contrato de relevo. Francamente, no se entiende que, aún no compartiendo la euforia de los otros, no haya firmado después de más de 10 años sin convenio y de 27 días de huelga. Aquí también se disparan las interpretaciones sobre en qué medida es deudor de lo pactado con la otra patronal del sector concertado con la que recientemente ha renovado un convenio que, cuando menos, es discutible que sea mejor que el acuerdo que nos ocupa.

En fin, toca ahora trabajar para pasar a limpio (al convenio) lo acordado, actualizar las tablas salariales con sus complejidades y darse dos años para reparar los destrozos en la convivencia interna de los centros. Tiempo más que de sobra, para que la Administración anuncie las impostergables reformas estructurales en el sector, que, como en un todo, deberán ser correlato del proyecto que quiera tener para la escuela pública y el papel que le quiera reservar.