Celáa abre la caja de Pandora

La Ministra de Educación Isabel Celáa ha abierto la Caja de Pandora, asegurando en la inauguración de un congreso de Escuelas Católicas que la libre elección de centro no es un derecho que emane directamente de la Constitución. En la cascada de reacciones que he podido leer, me he encontrado desde quien ha pedido a la Ministra que se vaya (José Caballero de CONCAPA) hasta quien directamente declara inconstitucional la concertada. Buscando una mayor ecuanimidad, me sumo a la cascada de opinadores, no tanto para decir cómo quiero que sea la realidad, sino para adentrarme interpretativamente en lo que entiendo que dice la Constitución y la jurisprudencia sobre ese difícil equilibrio entre el derecho social a la educación y el valor democrático de la libertad.

Para empezar, es preciso reconocer que el artículo 27 de la Constitución, el referido a la educación, dio lugar a una de las mayores controversias que se produjeron en la redacción de todo su articulado y quizá por ello el resultado final refleja un equilibrio precario y una calculada ambigüedad, muy abierta a todo tipo de interpretaciones. El artículo en cuestión tiene 10 apartados. Aquí me referiré solamente a aquellos que tienen una mayor relación con la controversia.

Artículo 27.1 Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Aquí, aparentemente maridados y sin prelación, aparecen juntos los dos derechos en conflicto. El derecho a la educación incluye, pero no se satisface solo con la obtención de un puesto escolar. Los poderes públicos deben garantizar una educación de calidad, además de gratuita. Por su parte la libertad de enseñanza incluiría  la libertad de crear centros docentes con su propio ideario, la libertad de cátedra y el derecho a elegir la formación moral o religiosa, pero no el derecho a elegir centro como vamos a ver a continuación (STC 13 de febrero de 1981).

Artículo 27.3 Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 13 de febrero de 1981, Motivo primero) señala que “el derecho a decidir la formación religiosa o moral que los hijos han de recibir… es diferente del derecho a elegir centro”. Este precepto se refiere principalmente a reclamar que la libertad de enseñanza religiosa debe quedar garantizada en los centros. Nadie es ajeno a la actual polémica en torno a la religión de la escuela, pero, en todo caso, la Ministra se ha apoyado en esta interpretación del TC para atreverse a decir que de la Constitución no emana la elección de centro.

Artículo 27.6 Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Por medio de este artículo se descarta el monopolio público estatal y se opta por un pluralismo educativo. Además, este derecho a la creación de centro no es ilimitada, sino que debe someterse a criterios de interés general, racionalidad y eficiencia. Ahora bien, aunque no se dice explícitamente, es deducible que la pluralidad educativa garantizada por el derecho a la creación de centros no impide que la Administración esté obligada a dar respuesta a todas aquellas familias que soliciten una plaza en la red pública, por cuanto la última garante del derecho a la educación es ella. Ello provoca dos disfunciones que ahora solo las enuncio por falta de espacio: Una, la situación de administraciones como la vasca que solo asegura plaza en centros sostenidos con fondos públicos, por la dificultad, por un lado, y la falta de voluntad por otro, para dar respuesta desde la red pública a todas las demandas que debiera satisfacer. Y la segunda consiste en obligar a familias de alumnado de incorporación tardía a matricularse en un centro concertado que no desean, cuando a nadie más se le obliga, reconociendo que su derecho de ir a un centro público, si así lo piden, choca con la previsión normativa de que el alumnado se reparta heterogéneamente entre los centros sostenidos con fondos públicos, para salvaguardar la cohesión social.

Artículo 27.9 Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. La Constitución no desciende a la forma concreta de esa ayuda, que desde 1985 ha tomado cuerpo en ese contrato centro-Administración llamado concierto. En cualquier caso, no hay un derecho subjetivo a ser financiado en el centro que uno desee. De hecho, es muy repetida esta cita del Tribunal Constitucional: “El derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales” (STC de 20 de enero de 1887). Por otro lado, esta directriz constitucional no es de aplicación indiscriminada, sino que debe ser sometida a criterios de servicio público, sin perjuicio de la cohesión social y según los límites presupuestarios. Por tanto, no todo es concertable, como ocurre en Esukadi.

En suma, dejando de lado posturas impugnadoras del marco constitucional o el debate sobre cómo hacer frente al efecto indeseado de la segregación, podemos concluir que la Ministra stricto sensu lleva razón en que el derecho de elección de centro no emana directamente de la Constitución, aunque sí emana de la normativa básica en desarrollo de la Constitución (LODE, 4.1.b y LOE-LOMCE, 84.1) como ella misma ha reconocido. En la práctica, poca diferencia para el revuelo montado ¿Torpeza? ¿Frívolo artificio intelectual? ¿Provocación buscada? ¿Aviso a navegantes para modificar el criterio de la demanda en la planificación educativa ? Lo veremos, pero, visto su paso por la Consejeria de Educación, resulta creíble su declaración posterior de que las familias no tienen nada que temer.

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