Entre el cansancio del final de curso y la preocupación por cómo organizar el siguiente, ha pasado de forma sigilosa —nadie ha protestado— la posibilidad que se ha ofrecido a los centros con ESO de acogerse a la jornada continua. Se ha dejado, una vez más, la decisión última y la responsabilidad en manos de los Consejos Escolares (OMRs). Estamos ante una nueva vuelta de tuerca que debilita la posición de la educación vasca en la defensa de la jornada partida, asimilándonos a la tendencia mayoritaria del Estado, que en los últimos años se ha ido decantando en cascada por la jornada continua.  

Nuestra normativa establece claramente en la orden de 8 de marzo de 2008 sobre calendarios escolares para centros sostenidos con fondos públicos que las clases serán de mañana y tarde (artículo 3.1) y lo ratifica nuestro Decreto sobre Educación Básica (236/2015. Artículo 18.2). En la práctica se ha permitido que en los centros públicos haya dos tardes libres (o sea, dos días de cinco son con horario intensivo). La puesta en marcha del programa Hauspoa supuso que un buen puñado de centros públicos pudieran optar por un horario continuo, pero, aunque las realizaciones prácticas son muy variadas en cantidad y calidad según los centros, al menos el programa incluye una oferta gratuita de actividades por las tardes para el alumnado, lo que permite ampliar el “fuelle” del horario, por lo menos hasta la duración de una jornada partida, eso sí, con asistencia voluntaria para el alumnado.  

Otra espita para la jornada continua ha sido la interpretación flexible que ha venido dando la Delegación de Araba a las solicitudes individualizadas de jornada continua de un número significativo de centros, concertados en este caso. Finalmente, la excepcionalidad vasca en la jornada partida, parece resquebrajarse definitivamente ahora, con la disposición de permitir que los centros educativos, bajo razones sanitarias, se acojan a la jornada continua, una decisión sin duda muy bien recibida por el profesorado, por parte de algunas familias, pero discutible desde el punto de vista jurídico, procedimental, pedagógico y de justicia social. Veámoslo.  

En efecto, la apertura a la jornada continua contemplada en la Resolución sobre calendarios escolares para centros públicos deja, en mi humilde opinión, en situación de inseguridad jurídica a los centros, porque una Resolución no puede enmendar a una Orden o a un Decreto. Es verdad que la Orden hace referencia a «motivos excepcionales” de cada centro recogida en el Decreto 175/2007 sobre Educación Básica (artículo 14.4), pero es muy discutible su aplicación a este caso y más aún porque se trata de un Decreto ya derogado. Pero si puede ser discutible la aplicación a los centros públicos, menos asidero tiene para los concertados, pues sobre estos no se ha regulado ninguna nueva normativa.  

Más inseguridad produce todavía el procedimiento empleado. Frente al garantismo que regula habitualmente los cambios horarios en los centros públicos (solo se autorizan antes del período de prematrícula, con mayoría absoluta en el OMR, con consultas a todos los estamentos que exigen un 50% de participación y mayoría de 2/3 favorable en cada sector), ahora ha sido suficiente con una propuesta razonada ante el OMR, en un momento de debilidad participativa. La vía de urgencia que abrió la Generalitat Valenciana en el curso 2016-17 para que los centros se acogieran a la jornada continua fue impugnada por los jueces ante las reclamaciones de las AMPAs de tres centros por considerar que era un “procedimiento viciado” que dejaba sin margen de manobra a las familias que no contaban con ese cambio de última hora.  

Pero más que las cuestiones jurídicas o procedimentales, me interesan las razones pedagógicas y de compensación educativa. Aceptando que pueden ser necesarias más investigaciones, las que hay no favorecen el paso a una jornada continua. De hecho, internacionalmente la jornada continua está en regresión. Animo a la lectura de la investigación sobre el tema realizada por Elena Sintes para la Fundación Bofill. También son conocidos los estudios de Mariano Fernández Enguita sobre este tema.

Desde los datos que disponemos, no podemos argumentar que hay una mejora de los resultados académicos, ni del rendimiento de alumnado. Al contrario, parece que la jornada continua solo produce alumnado más somnoliento, al comenzar más temprano, y con mayor riesgo de obesidad, al comer más tarde. Las curvas de rendimiento del alumnado adolescente sugieren que las horas de menor vigilia son las primeras de la mañana y la inmediatamente después de comer, aumentando el rendimiento de la mitad de la mañana en adelante y a medida que avanza la tarde.  

Las familias con algún miembro funcionario que trabaja de mañana o que cuentan, por las razones que sean, con la disponibilidad habitual de uno de sus miembros, tal vez prefieran la jornada continua. Pero en la mayoría de los casos los adultos no hacen acto de presencia hasta las seis de la tarde, cuando los adolescentes llevan ya más de tres horas sin ningún tipo de acompañamiento. Si la pandemia nos ha enseñado la importancia de la escolarización para el alumnado desfavorecido, es obvio que la compresión del horario a quien más va a perjudicar es a este alumnado, pues quien se lo pueda permitir consumirá actividades extraescolares con valor añadido y con ello serán rescatados de horas muertas ante el televisor, la play, el móvil o los videos de TikTok, a las que condenamos al resto.  

Mucho se ha debatido y mucho falta por debatir en la cuestión de la jornada escolar. Pero ese debate no se ha dado en nuestra Comunidad, sino que por la vía de los hechos consumados se va dando la sustitución de una jornada por otra. Seguro que la distribución horaria en jornada partida debe ser mejorada en algunos de los inconvenientes que presenta, pero no necesariamente debe ser barrida por la jornada continua. Las razones sanitarias que se invocan muy de pasada para justificar que excepcionalmente los centros puedan acogerse a la jornada continua no debe dejarse a los centros. Si la medida fuera verdaderamente perentoria desde el punto de vista sanitario, debiera haberse reglamentado para todos los centros, no a la carta. Pero esta alternativa, que no cabe duda que va a ahorrar costes en comedor (según Rafael Feito, en la Comunidad Valenciana supuso la reducción de más de un 30% de comensales en los centros que optaron por la jornada intensiva), hubiera podido soslayarse con otras medidas tan efectivas o más para prevenir contagios (mayor flexibilidad curricular y en horarios, ratios menores, etc.) como se han tomado en otras comunidades. 

Veremos en qué queda el asunto cuando pase la crisis. Porque la experiencia demuestra que hay muchos casos de paso de jornada partida a continua, pero no se conoce ni uno solo en la dirección contraria.