El traje de la concertada tira de las sisas

No estamos ante un conflicto a dos bandas, sino a cuatro, cada uno con su relato: patronal, sindicatos, familias y Administración. Los sindicatos reclaman la renovación del convenio después de 10 años, mejoras salariales, mejoras en el horario de dedicación (más horas para trabajo en equipo e individual) y algunas mejoras y homologaciones de colectivos concretos. La patronal dice reconocer la justeza de muchas reivindicaciones, que satisfaría si pudiera, pero que no le llega el traje de la financiación que la Administración le ha puesto, aunque estarían dispuestos a rascarse algo del propio bolsillo. Las familias claman porque pagan y tienen derecho al servicio (o, al menos, a servicios mínimos decentes, si hay huelga), pues no es fácil tirar de parientes y conocidos tantos días, además de lo que puede afectar al rendimiento en Bachilleratos. La Administración es la cuarta actora pero ha decidido hacer mutis por el foro, pues dice que este es un asunto de dos.

¿Quién lleva la razón? Todas las partes un poco, pero la contraparte trabajadora más que todas pues sobrelleva en sus hombros la confluencia tácita de los intereses de fondo que se da en el trío patronal, familias y Administración. La patronal porque reclama parte del artículo 27 de la Constitución que reconoce la libertad de enseñanza y la obligación de ayudar a los centros que cumplan los requisitos legales para poder asegurar la presencia y la influencia social de su ideario. La Administración porque es más económico subcontratar que dar servicio de titularidad propia, y las familias, porque asumen un copago educativo, en algunos casos -no siempre- a cambio de “poder comprar” el tipo de educación para sus hijos e hijas y, en otros muchos más, el tipo de relaciones que quieren para ellos.

¿Está infrafinanciada la concertada en Euskadi? Llevamos necesitando desde hace mucho tiempo una auditoría de la misma, más aun, de todo el sistema educativo. La financiación y su transparencia no puede ser un tema permanentemente escamoteado. Pese a ello, y a que los módulos que se pagan en Euskadi, (ver BOPV 29-12-2017) son un 40% superiores a los que marca el Estado (ver BOE 04-07-2018), probablemente hay que aceptar que el burro no le llega al pesebre de la patronal, al menos con los conciertos. Una voz nada sospechosa de connivencia con la patronal como la de Miren Zubizarreta (ELA) acusa a la Administración de que “le ha dado a la red concertada una función de subcontrata barata”. (Diario Vasco, 13-01-2018).

A la luz de estas declaraciones, parece que la Administración es cómplice de lo que ocurre y no puede desinhibirse pese a participar con plena consciencia del pacto implícito al que acabo de referirme, pero sobre todo porque es la garante última de todo el sistema. ¿Debe poner más dinero para solucionar el conflicto? Esta es la Caja de Pandora que nadie se atreve a abrir y, desde luego, la Administración no lo va a hacer, al menos a la vista del público.

Pero la cuestión no es si las sisas tiran y viene algún sastre o modista a hacernos el arreglo. Es el traje en sí con el que no terminamos de estar cómodos, aunque se vive como un mal necesario -y querido- por todas las partes afectadas. Mejor la concertación que nada, dirán muchos implicados en el conflicto, mejor la concertación que el abismo de la privatización pura y dura, fantasma imposible de que aparezca de golpe y porrazo, pero al que invoca la patronal.

Pero la concertación es una respuesta del año 1985 (LODE) a una coyuntura concreta con un proyecto de escuela pública no suficientemente desarrollado, y no suficientemente legitimado en su origen entre nosotros. La situación requería una complementación con el reconocimiento a otros agentes sociales, que así lo querían, a la vez que se buscaba un mayor control de las subvenciones y del funcionamiento público y no discriminatorio de los establecimientos que quisieran firmar el contrato. Ironías de la historia, esa fórmula de concierto fue muy protestada en su momento por quienes hoy la reivindican con fuerza.

Me parece que tenemos dualidad del sistema educativo para mucho tiempo, pero pretendidamente ahora habría una coyuntura para superarla en nuestra Comunidad. Si la archimentada ley vasca de educación no pone las bases para hacerlo, mejor nos quedamos como estamos, con la LEPV para la Escuela Pública y con el marco estatal para el resto. Ahora bien, romper la comunión de intereses de la que he hablado no va a venir por un ejercicio de soka-tira con empate infinito, sino por ir creando alianza social, contando incluso con los sectores de red concertada más sensibles a ello, para construir un proyecto hegemónico en torno a lo público, que -todo lo mejorada y trasformada que sea necesario, que lo es- tendrá a la escuela pública como eje nuclear, pues la historia de los últimos 25 años no ha trascurrido en balde.