El concurso-oposición es una forma de acceso a la función pública docente tan naturalizada que pareciera que no es un sistema contingente, sino algo inexcusable para que se produzca la selección del profesorado (u otros profesionales educativos) con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El Estado se aprovisiona de «servidores públicos» por medio de este sistema sin aparentes alternativas.

Hasta ahora, al menos. El mundo de la educación, ese sector siempre en debate y siempre preso de inercias, lleva tiempo discutiéndolo todo sobre el profesorado: si es o no el techo de la calidad de un sistema educativo, si accede al mismo quien no vale para otra cosa, si recibe una formación inicial adecuada, si debe estar regulado por una carrera docente. Dentro del conjunto de temas a debate ocupa un lugar destacado el de la selección del profesorado.

La Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi se atrevió recientemente con esta metáfora en el Parlamento Vasco: «el sistema de oposiciones actual se hizo en la época del seiscientos y valía para elegir seiscientos. Estamos utilizando el mismo. Y nos entran seiscientos…no hay que perder todo el conocimiento que hay y todo lo que el profesorado sabe, pero sí que tenemos que meter gente con otro perfil porque las necesidades de la escuela son otras. Entonces, claro, ahora tenemos un riesgo de que sigamos cogiendo más seiscientos o una oportunidad de coger esos coches eléctricos autodirigidos y hasta que vuelan.» (Comisión de Educación 01/10/2018)

Si aceptamos la premisa, deberemos pensar en las conclusiones: ¿Hay un sistema alternativo mejor que una OPE? Si es así, ¿cuál puede ser? A esto no llegó la Presidenta, pero tampoco era el tema de su comparecencia.

Por mi parte dos matizaciones en favor de las OPEs. No hay estudios que permitan concluir que el profesorado de la escuela pública es mejor que el de la concertada, pero al menos sí podemos decir que es seleccionado tras una exigente prueba y, sobre todo, con criterios ajenos a la afinidad ideológica del contratante. Segundo, la OPE puede no ser el mejor método para seleccionar «coches voladores», pero tampoco deja entrar solo «Seiscientos», al menos, es lo que podría decir de mi observación en el aula en los últimos años del profesorado en prácticas, donde, por lo general, he encontrado profesionales con mucho potencial.

Dicho esto, hay que repasar también las insuficiencias del sistema OPE, que me parecen decisivas en la balanza. En primer lugar, hay que convenir que una OPE es el clímax -demasiado precoz en muchos casos- del desempeño profesional de una persona dentro de una trayectoria bastante plana que no distingue fases o etapas.

También es llamativo que se centre en pruebas «a una sola carta», puntuales y descontextualizadas, esto es, fuera del lugar natural del desempeño profesional, el aula, o, si se quiere, el centro educativo. Esto vale también para el llamado ejercicio «práctico».

Se dirá que los «exámenes» son solo la primera parte. Después viene un período de seis meses de prácticas evaluadas. Pero a día de hoy no pasan de ser un período de puro trámite que no tiene nada de selectivo y muy poco de formativo.

A todo lo anterior hay que sumar que el personal interino de mayor antigüedad ha encontrado las maneras de soslayar las pruebas sin grandes repercusiones para su continuidad en el sistema, al menos en el caso vasco. No deja de llamar la atención que, tras varias convocatorias de OPE, el número de interinos e interinas se mantiene relativamente estable desde el curso 2009-10 hasta hoy, fluctuando en torno a los 5.000, lejos de superar la barrera de menos de 3.000.

Las dificultades para cubrir plazas de las últimas convocatorias ha abierto un debate sobre las modificaciones que habría que realizar en el modelo de la OPE: temarios, criterios de corrección más transparentes, mecanismos de motivación del profesorado interino más veterano, carácter no eliminatorio de las pruebas, cuestionamiento de la frecuencia anual con se celebran las pruebas. Estas cuestiones y algunas otras más salieron en la comparecencia con la Consejera (Comisión de Educación 30/10/2018) y han sido objeto de reivindicación por parte de los sindicatos. Pero son debates que se mueven dentro del marco OPE, marco que considero ya insuficiente.

Me sumo, por tanto, al coro de voces que piensan que la OPE es un sistema obsoleto de selección del profesorado. ¿Hay uno mejor? Al menos reparemos que en otros muchos países no existen OPEs, sin que parezca que se resiente su calidad. Véase el caso de Finlandia. Entre nosotros, están dándose aportaciones interesantes que, además, presentan algunos elementos en común: acceso a la función docente por valoración del desempeño profesional en el centro y en el aula, con un acompañamiento de profesionales experimentados; con un verdadero carácter selectivo; que esté dimensionado a las necesidades del sistema para que se pueda gestionar;  que se haga en centros seleccionados, en desempeños prácticos y tutelados durante una fase no menor a dos años con presencia de dos o tres profesores o profesoras en el aula; con una concepción del acceso a la función docente como un paso más dentro de una cadena de etapas; que no se ciña solo al profesorado de la enseñanza pública sino extensible también a la enseñanza privada… Remito a dos propuestas con algún grado de similitud: la de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación y la de Mariano Fernández Enguita. A todo ello añado yo la necesidad de que las comunidades de escolares, bajo las formulas de empoderamiento local que se determinen, deben tener mayor protagonismo en la selección del profesorado que mejor responda a sus necesidades.

Superar marcos tan arraigados siempre es complicado. Pero no hay más remedio que hacerlo. Y una vez más, ante situaciones que exigen rupturismo, surge la pregunta del ámbito de decisión y una parte de nuestra sociedad reclamará que solo desde un ámbito vasco es posible crear nuevas dinámicas. Tal vez sí (es más fácil y operativo ponerse de acuerdo entre pocos con un horizonte cultural similar). O tal vez no (la experiencia de la gestión autonómica de la educación vasca no apunta a cambios sustanciales respecto a otros estados). La Ley de Cuerpos Docentes vascos fue un calco mimético de la organización funcionarial del Estado. ¿Existen márgenes jurídicos para otras fórmulas de selección? Esto sí sería tema de los de verdad para una Ley de Educación vasca.

En cualquier caso, ya tenemos a la vista una nueva convocatoria de OPE con una oferta de cerca de 1.900 plazas. Habida cuenta de que en los próximos 10 años debe renovarse el 50% de la plantilla docente pública, parece que las OPEs se sucederán en próximos años, si no encontramos remedio antes. Y quienes entren, sean «Seiscientos» o coches de última generación, vienen para quedarse muchos años.