Una iniciativa de sentido común

Zubiak Eraikiz, Plataforma Ciudadana por la participación y el cambio en Euskadi acaba de dar entrada en el Parlamento Vasco a una Iniciativa Legislativa Popular con la que busca mejorar la cohesión en la educación vasca, o, dicho de otra manera, poner coto a ciertos mecanismos de segregación que están como naturalizados en la sociedad de nuestro país.

Lo llamativo es que la ILP no trae ninguna novedad. Por un parte, porque ya está inspirada en principios recogidos en normativa básica, pero que no se llevan a efecto. Por otra parte, porque es un tema recurrente en informes y pronunciamientos de asociaciones y organismos, incluso oficiales, que ven pasar el tiempo sin que sus propuestas cuajen, porque se conoce que hay inercias y confluencias de intereses muy difíciles de remover.

¿Por qué cabría esperar que esta ILP sí va a lograr lo que otros no han hecho? Sería presuntuoso pensar que esta es la iniciativa verdaderamente eficaz para modificar los mecanismos de segregación existentes. Modestamente, se quiere situar como un ariete más, entre otros, que contribuya al cambio. Eso sí, la ILP no se limita a elementos declarativos, sino que propone hechos concretos y plazos concretos, en definitiva, mecanismos para que las proclamas teóricas tomen cuerpo en realidades.

La ILP tantea un terreno común de acuerdo, que pueda provocar una adhesión de una amplia mayoría social, una cierta transversalidad social. Se ha buscado un mínimo común denominador, aparcando otros factores de segregación, como el lingüístico, que ciertamente es un elemento decisivo en el tema de la exclusión, pero sobre el que no existiría consenso en cuanto al nuevo marco que deba emerger. Cualquier propuesta en este tema hubiera dejado fuera amplios sectores. Hemos buscado, por tanto, lo que en este momento puede concitar un amplio acuerdo, desde una pluralidad de opciones.

Por eso la ILP no prejuzga qué modelo de vertebración de la educación vasca debe haber, lo que no obsta para que los promotores puedan tener alguno. Pero la adhesión a lo que propone la ILP se puede hacerse desde diferentes posiciones. Tampoco pretende reavivar una guerra escolar, aunque la aplicación de la ILP traerá unas consecuencias obvias. No es tampoco un intento de suplantar un acuerdo escolar. El pacto es algo más amplio y sus procesos de elaboración tendrán que seguir su propio recorrido, aunque sin duda la ILP pone encima de la mesa una de las graves cuestiones que tiene pendiente la educación vasca y lo que allí se propone podría ser susceptible de incorporarse de una u otra forma a un acuerdo escolar. La ILP, si es que hubiera desaparecido alguna vez, vuelve a colocar en primer plano de la agenda educativa la necesidad de introducir medidas de calado que hagan frente a una consolidada y hasta creciente dualidad educativa.

¿De qué medidas estamos hablando? De cosas muy sencillas y básicas, que vienen avaladas por propuestas del Consejo Escolar de Euskadi y del Ararteko, instituciones nada sospechosas de radicalidad, ni desproporción. Hablamos de control y transparencia en el cobro de las cuotas, de medir la inclusión por medio de un índice que nos permita tener una fotografía fidedigna del mapa de la inclusión en Euskadi para la toma de decisiones en política educativa, entre ellas, el establecimiento de umbrales y techos de inclusión para todos los centros educativos. Hablamos de no concertar centros que solo atienden a élites, de hacer unas oficinas unificadas de matriculación, de hacer zonas comunes de planificación educativa, de dotar, en fin, de más recursos a los centros con alumnado más desfavorecido.

La demagogia podría cebarse en una interpretación torticera de la propuesta que pretendiera imputarnos intenciones que no compartimos, por imposibles, como crear una especie de muestrario de alumnado en cada centro, o por carentes de ética, como podría ser el desplazamiento de alumnado pobre. Pero una cosa es esa y otra muy distinta tolerar con naturalidad situaciones sangrantes de dualidad como las que se dan en Vitoria, solo por citar un ejemplo significativo.

En definitiva, estamos ante una iniciativa moderada, básica, que, de momento, en la fase de consultas ha concitado un amplio apoyo de diversas organizaciones; una propuesta, en fin, de sentido común ante la que la que una sociedad con sensibilidad social, como quiero creer que es la vasca, no debería tener problemas en adherirse para que forme parte del conjunto de obligaciones legales antes las que deberá responder la Administración educativa vasca. Espero que cuando llegue la fase de recogida de firmas, antes de un mes, esta expectativa no quede defraudada.

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