El inicio del nuevo curso ha supuesto el pistoletazo de salida oficial del proceso para alcanzar un pacto escolar en Euskadi. ¿Cuáles debieran ser los contenidos que recoja dicho pacto? Me atrevo a esbozar algunas de las grandes cuestiones que, en mi opinión, tiene pendientes la educación vasca y de las que, de una u otra manera, debiera hacerse cargo un pacto hecho con altura de miras.

En primer lugar está el tema de la segregación. El reparto entre redes de la cuota escolar casi por mitades podría ser un fenómeno curioso explicable por avatares históricos, sin mayor transcendencia, si no fuera porque en realidad es reflejo también de una dualidad no solo educativa, sino social. La sociedad vasca y su clase política no pueden ya por más tiempo mirar para otro lado y dar por naturalizada la falta de gratuidad, el cobro manifiesto o encubierto de cuotas por enseñanza y la diferente composición sociológica de una y otra red. Si el Pacto escolar del 92 se preocupó de evitar desequilibrios en los porcentajes de atención entre las redes, un hipotético nuevo pacto debe ir más allá ocupándose de un mejor reparto de las necesidades educativas. A día de hoy son significativas las diferencias de atención a alumnado becario, alumnado inmigrante, alumnado de necesidades educativas especiales en aulas ordinarias entre las redes, etc. siempre con la balanza inclinada hacia la red pública. Todos los indicadores del nivel socioeconómico de la red pública son desfavorables comparativamente con los de la concertada.

En estrecha correlación con lo anterior, está el tema de la vertebración del sistema y con ella el controvertido tema del concepto de lo público. La Ley del 93 de la Escuela Pública Vasca, a imitación de los estados centralistas, puso orden en la herencia recibida con dos redes, una estatal y otra privada concertada. ¿Dónde ha quedado la sociedad y el papel de las comunidades escolares, gestionando la educación como bien común? Cuando los partidos de izquierda -abertzales o no- hablan de que la Escuela Pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo, ¿dicen lo mismo? ¿Qué quieren decir exactamente con ello? ¿Qué reformas son necesarias -y están al alcance de las competencias autonómicas- para hacer que la Escuela Pública sea más pública? ¿Se puede seguir concertando a centros de élite? ¿Se puede seguir concertando a quién no cumple con parámetros públicos, incluyendo la contratación del profesorado? Todo un complejo mundo de cuestiones, estrechamente vinculadas con la financiación, explican el poco interés de la Administración por ampliar el perímetro de lo público, porque le resultaría más caro presupuestariamente. Pero sin cuentas claras no habrá pacto educativo satisfactorio.

Más de 35 años contemplan el acuerdo de los modelos lingüísticos. Quienes aspiramos a convivir juntos, no podemos estar separados por razones de preferencia lingüística en la escuela. Entre las apuestas por la inmersión pura y dura en euskera y el actual marco segregador debe haber espacios para el acuerdo. El Consejo Escolar de Euskadi ya hizo sus análisis y sus propuestas integradoras en favor de un modelo único y flexible, dejando mucho mayor margen a los centros desde su realidad. Hay que revisar el efecto académico de las actuales apuestas lingüísticas, así como el valor simbólico y real de cada lengua y el aporte que debe hacer la escuela a la normalización. Todo ello en un contexto de globalización que exige el dominio de otras lenguas.

Otro tema de abordaje deseable ha de ser la innovación. ¿Se ha producido la revolución metodológica necesaria en las escuelas vascas, el alumbramiento de nuevos paradigmas o seguimos funcionando según esquemas obsoletos? Debería formar parte del acuerdo educativo cómo llevar la educacion vasca al siglo XXI. E inevitablemente surgirá el debate de si existe posibilidad de innovación más allá del neoliberalismo, o si toda la fiebre actual por la renovación pedagógica es una pantalla que esconde el servilismo de la escuela hacia los intereses del mercado, lo que indefectiblemente nos ha de llevar a vincular el debate por la innovación con el de los fines de la escuela.

Por último, un pacto escolar debe plantearse la cultura de la evaluación, que tanto suena también a exigencia neoliberal. Sin embargo, dependerá de cómo se haga y con qué fines para que no lo sea, sino, por el contrario, responda  a una exigencia pública de control de los gastos. Poco se evalúa en nuestro sistema educativo, que ignora en buena medida qué está funcionado y qué no, qué está siendo eficaz y eficiente y qué no, algo fundamental habida cuenta que somos la comunidad que, por nuestro alto PIB, más gasta por alumno/a y, al parecer, a salvo de algunos logros de referencia europeos, con unos resultados que no siempre corren parejos con el gasto.

Hasta aquí las cuestiones que a mi parecer deben ser consideradas sobre la educación vasca. Pero de todas ellas, la primera y la segunda, con todos sus corolarios, me parecen inexcusables. A juzgar por los grupos de trabajo  que ha propuesto la Consejera  a los agentes educativos no parece que sea de la misma opinión, pues son temas que han quedado excluidos. Y tú, estimada lectora o lector, ¿cómo lo ves?