La semana anterior fue rica en actividad parlamentaria en torno a la educación: atención a inmigrantes, La Milagrosa de Barakaldo, el acoso, el trilingüismo, etc. Pero unas palabras de la Consejera, Cristina Uriarte, descollaron por la atención mediática recibida. En la Comisión de Educación dijo textualmente: «la normativa vigente en materia de conciertos establece que los centros que tengan conciertos educativos tendrán que impartir sus enseñanzas de forma totalmente gratuita y eso es lo que se respeta». Mucha seguridad no debió sentir la Consejera en esta última afirmación de que la normativa se respeta, cuando a continuación añadió: «Y es lo que nosotros reclamamos una y otra vez.»

Así que ya lo saben las familias que llevan a sus menores a un centro concertado: A partir de ahora pueden dejar de pagar las cuotas por motivo de enseñanza, esas que el Eustat dice que sí se cobran, en concreto 700 euros por cabeza y año, con datos del 2012, porque no hay más actualizaciones. ¿Tiene razón la Consejera o el Eustat?

Las palabras de la Consejera hacen referencia a un mandato legal que ella misma sabe que no se cumple. Más aún, es una realidad socialmente «naturalizada» que no sabemos por qué la Consejera no la confiesa como hace no demasiado lo hizo su homóloga catalana, Meritxell Ruiz, que en una entrevista a Segre (05/02/2017) no solo no negaba su existencia, sino que la justificaba con el hecho de que la financiación del gobierno no cubría el 100%. Pese a que la concertada de Euskadi es la mejor financiada del Estado, no difiere mucho de lo declarado por la Consejera catalana lo que dice Kristau Eskola, por boca de su Presidente, Mikel Ormazabal: “Los concertados recurren a las cuotas porque la gratuidad de la enseñanza obligatoria no es real” (Deia, 18/03/2017).

Kristau Eskola denuncia que no se cumple la normativa de conciertos que establece que estos sean financiados en analogía con los costes de la enseñanza pública. Sus representantes lo han repetido más de una vez en el Consejo Escolar de Euskadi. Tengan o no razón, o precisamente para saberlo, se hace perentorio en este momento de la educación vasca, donde cada cual va tomando posiciones, acabar con juegos de prestidigitación, por los que confundimos ley y realidad, ocultamos ésta hablando de aportaciones voluntarias, carácter que desconoce la mayoría de usuarios de la red concertada. O bien envolvemos cobros en actividades complementarias, extraescolares o en otros servicios bajo el argumento de que nadie está obligado a participar en ellos, cuando la realidad es que hoy día estar escolarizado va mucho más allá de acudir a las aulas.

Si la Consejera no reconoce la muy extendida práctica de las cuotas, revestidas de las maneras que se quiera, no actuará para controlar la gratuidad, esperando, sin más, a que llegue a su despacho alguna denuncia particular, si hay algún animoso. Tampoco controlará el cobro por actividades complementarias y extraescolares, algo a lo que la misma ley que invoca le obliga también y tampoco se cumple. Y, en fin, no se podrá abordar que las familias, una vez más según el Eustat, estén aportando el 26% de la financiación de la red concertada.

Mikel Ormazabal ha lanzado un guante que la Consejera debería recoger. Plantea que se audite todo y a todos para ver qué se gasta y cómo se gasta. Yo añadiría a ello que habría que determinar para qué o para quiénes se financia, lo que nos llevaría al espinoso tema del servicio público. En todo caso, no podemos seguir haciéndonos más trampas en el solitario. No puede haber pacto escolar, ni ley que soslaye el tema de la financiación y su transparencia, claves para poner las bases de una nueva realidad educativa. Y ello por razones de eficiencia, porque aquí se gasta mucho, al menos comparativamente y, al parecer, la excelencia no está a la misma altura, pero, sobre todo, por razones de equidad. Las cuotas son un poderoso filtro social que genera segregación.