Nuestro sistema educativo vasco (también el español) es plural, esto es, hay escuela pública, pero no un monopolio estatal, sino variedad de opciones. El fenómeno en la educación vasca, en que la enseñanza pública y la concertada se reparten casi a partes iguales la cuota escolar no tiene apenas parangón en el entorno europeo, hechas algunas excepciones (Holanda, Bélgica, Irlanda). En nuestro sistema, además, casi toda la iniciativa privada está concertada.

Dejando a un lado las razones históricas que han propiciado esta situación, desde el punto de vista jurídico parece incuestionable la pluralidad de opciones, tal como lo consagra la Declaración de los Derechos Humanos que reconoce el derecho a la educación de todas las personas y el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas. También el artículo 27 de la Constitución recoge ambos derechos.

Pero la cuestión clave no estriba tanto en si en un estado democrático debe reconocerse la libertad de enseñanza, cuanto si de ello se desprende que su ejercicio debe ir acompañado de financiación pública. La Constitución lo expresa en un ambiguo apartado, el noveno del artículo 27, que reza así:  «Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.»

La LODE, y su plasmación en Euskadi (Decreto 293/1987), establecen un sistema de conciertos con los centros privados. El concierto es un contrato entre un centro y la Administración, por la que, a cambio de la financiación, cada centro concertado se compromete a no seleccionar al alumnado, a impartir con gratuidad las enseñanzas y a determinados requisitos de funcionamiento democrático. Pero la obligación de concertar la iniciativa privada no se entiende como derecho universal para satisfacer el deseo de cualquier familia, sino que dentro de las disponibilidades presupuestarias, la LODE establece una serie de prioridades para la concertación: que los centros respondan a necesidades de planificación educativa, que atiendan a alumnado de medio desfavorecido o que desarrollen experiencias pedagógicas de singular interés y, dentro de los que cumplan estos requisitos, las cooperativas.

En el caso vasco, podemos establecer esta concatenación de afirmaciones:

1. Históricamente y en la actualidad, la financiación de la escuela concertada ha sido prácticamente universal y bastante más allá de los niveles obligatorios. Además ha sido muy superior a la del resto del estado. Para no sobrecargar con datos basta con fijarnos en el cuadro de abajo.

Módulos de concertación para los distintos niveles expresados en los presupuestos.

(Año 2015)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los presupuestos del CAPV y del Estado.

2. Pese a esta generosa financiación el Eustat nos dice que la financiación pública por alumno/a de la red privada concertada no cubre siempre los gastos que esta invierte. Veamos la siguiente secuencia:
3. Comparativa entre gastos e ingresos por alumno en la enseñanza privada

4. En la enseñanza concertada la financiación pública -suficiente o no- se complementa con una financiación privada que proviene de las familias. Según el Eustat también, el gasto de una familia en la concertada es entre tres y cuatro veces mayor que en la escuela pública. Concretamente el 26% de los ingresos de la privada concertada proviene de las cuotas.
5. Es fácil deducir que estos gastos que repercuten en la economía de los hogares constituyen un silencioso filtro social. Por eso no es de extrañar que todos los estratos de alumnado (estrato = red + modelo lingüístico) de la escuela pública tienen menor nivel socioeconómico que cualquiera de los estratos de la enseñanza concertada, lo que  no anula la realidad particular de cada centro público o concertado.
6. En todo caso, desde el punto de vista presupuestario el sostenimiento de una red concertada resulta mucho más económico para la administración vasca que la publificación de todo el sistema, que, presupuestariamente, sería inasumible en el plazo corto.

No hemos abordado la cuestión de la financiación de la enseñanza pública. Solo este apunte: no hay evaluaciones ni estudios que permitan saber si se gasta poco o mucho en la escuela pública (sin duda más que en el resto del estado también) y si lo que se gasta se hace con suficiente eficacia, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la equidad.