
¿Puede haber un centro en el País Vasco de hoy compuesto exclusivamente por alumnado de familias de origen inmigrante? ¿Puede estar ese centro a muy escasos metros de otro compuesto casi en su totalidad por alumnado de origen autóctono? ¿Puede resultar que el primero pertenece a la red concertada y el segundo a la red pública? Puede ser. De hecho, pongamos que hablo de un caso de Bilbao. El anunciado cierre del histórico Colegio de las Hijas de la Cruz en Solokoetxe-Casco Viejo, con 204 alumnos y alumnas cuyas familias proceden de treinta nacionalidades, merece una pequeña pausa para la reflexión.
La segregación escolar, que en más de una ocasión exacerba la propia segregación social, es una realidad encubierta, pero sangrante de nuestra sociedad vasca. Los números globales son inequívocos y las fuentes donde consultarlos variadas (Consejo Escolar de Euskadi en sus informes, la página web de la ILP Eskola Inklusiboa y, hasta que dejó de facilitar datos hace más de dos años, el propio Departamento de Educación). Desde una mirada macro, la Escuela Pública asume globalmente más alumnado de menor índice socioeconómico, en comparación con Kristau Eskola y, aún más, con las Ikastolas. Pero estos casos tan llamativos de dos centros próximos con una distribución de alumnado tan desigual según su extracción social pueden producirse no solo en la red pública en relación con la concertada (caso de las escuelas públicas de algunos pueblos de Gipuzkoa o Araba en relación a las ikastolas), sino que también pueden darse en sentido contrario, como el caso que estamos analizando, o incluso dentro de la misma red, como ocurre entre algunos centros públicos de las tres capitales, o también entre centros de una misma patronal privada. Creo que la prudencia me obliga a no citar nombres, pero quien más, quien menos, puede conocer alguna ejemplificación de lo que digo.
Ya se trate de grandes diferencias entre redes y patronales educativas, ya se trate de fenómenos locales, es inaceptable la distribución de alumnado que, viviendo en el mismo entorno, se agrupe de una forma tan segregada, porque, como dicen Cynthia Martínez-Garrido y Javier Murillo, “no seamos inocentes. La segregación no es un efecto colateral indeseado producto de inocentes políticas educativas que solo buscan mejorar la calidad de la educación. La segregación escolar es un acto consciente y deliberado de opresión.”
¿Qué razones han vuelto inviable el proyecto de las Hijas de la Cruz? Se puede especular sobre los efectos que empiezan a sentirse en el cierre de aulas por una ola de bajada de la natalidad, pero la verdad es que ese fenómeno afecta sobre todo a la población autóctona y si el País Vasco mantiene estable el flujo poblacional es por la creciente llegada de inmigración. No niego que algún efecto tendrá la bajada de nacimientos, pero me pregunto si no tendrá que ver con un modelo descaradamente segregador que goza de mayor implantación de la que cabría suponer en nuestro país. La concentración de un determinado tipo de alumnado en algunos centros coloca a sus profesionales y a sus familias en callejones de salida, que solo a duras penas y con esfuerzos heroicos logran, cuando lo consiguen, mantener en pie sus proyectos y, en algunas pocas ocasiones, transformarlos en experiencias de éxito. Por más que la filosofía del admirable proyecto de las Comunidades de Aprendizaje abogue por una intervención de calidad educativa en esos centros, lo que sin duda es muy necesario, y se empeñe en ponernos los mismos referentes, una política de libre elección de centro sin cortapisas genera agrupamientos monstruosos desde el punto de vista de la cohesión social.
Una vez más insistiré: no es cuestión de poner el foco en los inmigrantes, ni en los pobres. Menos de repartirlos. Es cuestión de implementar medidas que favorezcan la heterogeneidad de los centros. Es aquí donde propuestas que se incluyeron en la fallida ILP Eskola Inklusiboa tienen pleno sentido: garantizar la gratuidad de la enseñanza; aprovechar el Índice de Necesidades Educativas para impedir guetos por un lado y búnkeres, por otro; asumir la necesidad de las oficinas unificadas de educación, replantear las ayudas públicas a quienes no asuman responsabilidades sociales, etc. Todo esto llega tarde, lo sé, para impedir el cierre del Colegio de las Hijas de la Cruz de Bilbao, que viene buscando una salida desde hace años y no la ha encontrado ni en su propia patronal. STEE-EILAS ha propuesto la publificación del centro, lo que, sin duda, sería un alivio para sus trabajadoras. Coincido en la necesidad de desarrollar una normativa que permita ampliar el perímetro de la pública, permitiendo la publificación de centros concertados. Pero no es suficiente con publificar. Cualquiera que fuera la fórmula de integración en la red pública del alumnado del centro (fusión fría, fusión caliente, desaparición progresiva…) o la mera diáspora, que es por lo que parece que se ha optado, debe asegurar medidas que rompan el muro social en el que ha quedado recluido ese alumnado, lo que implica el compromiso activo de la sociedad de su entorno.
No permitamos, en fin, más concentraciones extremas de carácter homogéneo. Vaya, con todo, mi aplauso y reconocimiento a todas las profesionales del colegio Presentación de María y a quienes en muchos centros públicos y en otros concertados se baten el cobre a diario por educar “sin dejar a nadie atrás”.
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