Y pasó PISA, repartiendo premios y calabazas. Euskadi ha sacado un aprobadillo en matemáticas y ciencias y le han dado una calabazota en varios índices de equidad (Save the Children): la brecha en rendimiento matemático entre alumnado autóctono y de origen inmigrante, el índice de segregación escolar Gorard referido al 25% de alumnado con ISEC (índice socioeconómico) más bajo o el índice de segregación escolar Gorard referido a inmigrantes. En todos ellos Euskadi está a la cabeza de todas las comunidades, ya sea en primer o en segundo lugar.

En otras comunidades que, por una u otra razón, les han tirado también de las orejas, caso de Cataluña o Navarra, sus responsables políticos han reaccionado anunciado medidas para corregir esas situaciones, bien porque las vienen urdiendo hace tiempo, bien porque PISA ha supuesto un revulsivo. Así lo han reflejado los titulares de algunos periódicos: “Educación mejorará el reparto del alumnado inmigrante en los centros tras el informe PISA” (Navarra). O “Los colegios catalanes no podrán tener un 10% más de inmigración que los de su alrededor para evitar la segregación”.

Al leer los titulares la pregunta inevitable que a uno le surge es si el problema a resolver son los inmigrantes en sí mismos. Y, seguido, si el reparto de los mismos es la única solución que se propugna en Navarra o Cataluña. Leyendo ya el contenido de la noticia se ve que no, que lo que se pretende es tomar medidas para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no se concentre en algunos establecimientos educativos y que el periodista ha preferido simplificar el titular. Sin embargo, lo que le ha pasado al periodista no es tan extraño, pues en el imaginario social está muy extendida la identificación entre segregación escolar e inmigración, cuando es un fenómeno más amplio.

Centrándonos en la inmigración, siempre ha existido un debate sobre el reparto de los inmigrantes por las escuelas para evitar su concentración en unas pocas. Un extremo de esta política se practicó en los EEUU durante la segunda mitad del siglo XX, por medio del busing, es decir, el desplazamiento con trasporte escolar del colectivo de negros por las distintas escuelas. A otros autores les parece, en cambio, que esa no deja ser una política estigmatizadora y racista de nuevo cuño. Es sencillamente falso, diría Ramón Flecha, que los resultados estén directamente relacionados con el origen -ni siquiera socioeconómico- del alumnado, sino con la aplicación o no de buenas prácticas educativas avaladas por la comunidad científica internacional.

La verdad es que también es muy científica la demostración empírica de que el ISEC del alumnado correlaciona directamente con el rendimiento académico. Pero también es verdad que la escuela no puede revertir la segregación social por sí sola, que la segregación residencial es muy condicionante, y que la escuela bastante haría si consiguiera no incrementarla, lo que a menudo no ocurre, como puede verse a veces no solo entre barrios, sino entre centros de un mismo entorno.

En esto soy un poco ecléctico y opino que la lucha contra la segregación se debe abordar en varios planos: en las propias escuelas, implementando buenas prácticas educativas y proporcionando los mejores recursos, pero también por medio de la planificación educativa, que, sin caer de ningún modo en el busing, debe impedir en lo posible los llamados guetos escolares, aun sabiendo que es una quimera pretender centros heterogéneos que sean un muestreo de todas las variables sociales.

Pero a lo que voy es a que los debates sobre segregación a menudo se centran en batallas de cifras sobre inmigrantes, lo que me parece un poco reduccionista, además de injusto. Es verdad que el colectivo de inmigrantes presenta una serie de retos propios, tanto culturales como lingüísticos que deben ser abordados por una mayoría de centros y no por unos pocos. Pero no olvidemos que la raíz última de segregación es socioeconómica. De hecho, hay centros que asumen su cuota de inmigrantes y hasta la ampliarían gustosamente un poco más, con becas y gratuidades incluidas, sin que ello haga excesiva mella en la condición favorecida de sus familias.

Abogo, por tanto, por una mirada más global, por la que el combate contra la segregación no se centre solamente en los centros con inmigración, ni siquiera en los centros con muy bajo ISEC, sino que debe alcanzar también a esos otros «guetos» que suponen la concentración de elites o de alumnado de alto ISEC.

En este sentido, quiero reivindicar como elemento clave para las políticas educativas el INE (Índice de Necesidades Educativas) que recibe diferentes nombres para conceptos similares, según cada Administración, pero que en la nuestra se está socializando con ese nombre. Es un índice por por el que se pretende medir el nivel de necesidades educativas de cada centro, según 8 variables: 1) los resultados de las pruebas externas de las evaluaciones diagnósticas y los resultados académicos internos. 2) El ISEC. 3) El origen del alumno o alumna y su familia. 4) El número de repetidores. 5) El número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 6) El número de cursos que cada alumno y alumna permanece en el mismo centro. 7) El número de becarios. 8) La proporción de alumnado que está en programas de Diversificación Curricular (en el caso de centros de Secundaria). Es un concepto siempre perfectible y que, por tanto, puede sufrir variaciones hasta depurarse del todo.

Hasta ahora este índice se ha empleado solo en los centros públicos para dar algunos recursos a los centros con índice más alto, dentro de una política de reparto con poco control y rendición de cuentas, que no parte de objetivos planteados desde los propios centros. Pero reivindico que además del reparto compensador de recursos se convierta también en herramienta clave para la toma de decisiones en la concertación de centros, en la planificación educativa y en la admisión de alumnado. Para ello es necesario que el INE de los centros concertados también entre en juego.