Propuesta para el Pacto Escolar

Propuesta para el Pacto Escolar en Euskadi (2022-2030)

Han pasado casi tres décadas del “Acuerdo Político para el Pacto Escolar” (1992), alumbrado con el propósito de hacer frente a la compleja situación educativa de aquel momento, caracterizada por una bajada de la natalidad, un precario equilibrio entre redes, una necesidad de clarificar el entramado institucional escolar, todo ello ante la inminente aplicación de una reforma educativa con cambios sustanciales en la configuración de las etapas educativas. Al año siguiente (1993) se aprobaron la Ley de la Escuela Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes, y se pusieron en marcha los mecanismos para la publificación de parte de las Ikastolas.

Desde entonces, la educación formal vasca ha ido avanzando con logros incuestionables en indicadores que nos sitúan muy por encima de la media de países desarrollados y que han contribuido a la mejor formación y una participación más activa de la ciudadanía de nuestro país, así como a un fortalecimiento de la cultura e identidad vascas. Sin embargo, los vertiginosos cambios sociales de estas tres décadas nos sitúan ante nuevas realidades que afrontar y nos impiden conformarnos con algunas conquistas. La evolución experimentada por nuestra sociedad en muy variados aspectos, la configuración de un nuevo escenario de retos, amenazas y oportunidades como son la educación para un nuevo mundo incierto que experimenta los límites y contradicciones de su crecimiento, el aprendizaje centrado en competencias, un nuevo descenso de la natalidad, los flujos migratorios en una sociedad cada vez más intercultural, el uso cotidiano de las nuevas tecnologías, el fenómeno creciente de la segregación escolar, el estancamiento del uso del euskara… nos obliga a una actualización de los pactos, imprescindibles para cualquier avance. Es la hora de salir del confort de marcos e inercias conocidas, afrontando desde la raíz los conflictos de intereses existentes para darles una salida justa y socialmente satisfactoria.

La sociedad vasca, particularmente el mundo de la educación formal lleva años reclamando la necesidad de repensar el ámbito escolar, de reconfigurarlo y de hacerlo por medio de acuerdos. Este ha sido un tema recurrente en legislaturas anteriores, aunque no ha podido plasmarse en acuerdos tangibles. Pero nos asiste la convicción de que esta urgencia debe ser resuelta sin más demora, y a ello obedece el presente Acuerdo con el que, quienes abajo nos adherimos, tratamos de dar una respuesta pactada, a la altura del momento histórico actual, que permita dar un nuevo impulso a la educación de Euskadi. 

El presente Acuerdo está estructurado en tres capítulos. El primero se refiere a las cuestiones que afectan a la propia configuración de la educación vasca como sistema educativo. El segundo, al eje relacionado con la equidad y la cohesión social y el tercero al eje de calidad, es decir, a aquel conjunto de medidas que hay que adoptar para llevar a nuestra educación a mayores cotas de excelencia, a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.

EL SISTEMA

Principios

• Apostamos por una educación pluralista, que haga justicia no solo al devenir histórico de nuestro pueblo, sino también a la riqueza de opciones de nuestra sociedad.
• El pluralismo, en todo caso, debe sujetarse a un nuevo marco de valores públicos que debe ser repensado y reformulado dentro de un nuevo servicio público, que actualice los derechos y obligaciones de todas las partes que quieran ofrecer un servicio educativo con las exigencias de dicho carácter público.
• En esa apuesta reforzada por lo público, la Escuela Pública está llamada a constituirse como la pieza hegemónica del sistema, sin perjuicio de las reformas a las que le obliguen las exigencias de ese mismo funcionamiento público.
• Acorde con la idiosincrasia de nuestro pueblo, apostamos por la reformulación de la relación Administración-centros, dentro de un marco de decidido estímulo a la descentralización educativa, de mayor protagonismo de los poderes locales, de un impulso democrático a la participación de las familias y de imbricación con la educación no-formal.

Actuaciones

1. Aprobar en sede parlamentaria con mayoría de 2/3 una Carta fundacional que permita reformular el Servicio Vasco de Educación bajo los principios de no discriminación, transparencia, carencia de ánimo de lucro, atención a la diversidad del alumnado y a la complejidad social de su origen y participación democrática de los diferentes sectores concernidos en la educación formal, tanto en la Administración como en los centros educativos. Así mismo, esta Carta determinaría las características de los centros de iniciativa social que sean de interés social y sean considerados parte del Servicio Vasco de Educación.
2. Promover una comisión de expertos independientes que extraiga conclusiones sobre el coste de una plaza escolar, como herramienta para avanzar hacia la gratuidad efectiva de la enseñanza.
3. Posibilitar a los centros de iniciativa social que tengan la atribución de centros de interés social una financiación pública en igualdad de condiciones que los centros de titularidad de la Administración, en un marco de misma oferta y servicio. 
4. Homologar las ratios de los centros de interés social con las de los centros de titularidad de la Administración, sin que eso suponga una modificación de los grupos planificados y concertados.
5. Desarrollar la normativa necesaria para que los centros de interés social se sujeten a las auditorías que se estipulen y a las normas de transparencia contable que permitan asegurar el carácter finalista en el empleo del dinero público y la unificación de criterios, también auditables, entre todos los centros del Servicio de Educación en el aflujo de otras fuentes de financiación.
6. Actualizar el Decreto 293/1987 sobre conciertos educativos considerando lo que se haya desarrollado en lo indicado en los puntos anteriores.
7. Ampliar el perímetro de la Escuela Pública de manera que a la finalización del período de vigencia del presente acuerdo alcance una cuota de participación en el sistema no inferior al 65%, asegurando a la vez que toda familia que desee una plaza en una escuela pública pueda acceder a ella.  Para ello, sin perjuicio de otras medidas de planificación, se promoverán las dos medidas que se detallan a continuación.
8. Desarrollar la normativa necesaria que permita la publificación de aquellos centros que por sus dificultades económicas o por otras razones aprueben formar parte de la red pública y formen parte de su planificación. Se habilitarán los procedimientos necesarios para asumir, en las condiciones que se determinen, a los trabajadores y trabajadoras de dichos centros. 
9. Diseñar un plan de creación de nuevos centros de titularidad de la Administración, especialmente en las zonas urbanas más densas, donde su implantación es más problemática.
10. Actualizar el Decreto 21/2009 sobre planificación escolar, que racionalice la planificación, que en este contexto de bajada de natalidad haga una oferta ajustada a las necesidades de la demanda, evitando las sobreofertas, y las infraofertas, que puedan dar ocasión a un aumento de la segregación, que permita una distribución más equilibrada de la diversidad entre los diferentes centros y que promueva los IPIs dentro de la red pública. La actualización de este Decreto se realizará con el asesoramiento de una comisión de personas expertas creada ad hoc.
11. Actualizar los Decretos 297/2002 y 215/2004 sobre educación Infantil de manera que el ciclo 0-2 años no quede al albur de dinámicas competitivas y desreguladas entre redes y centros.
12. Desarrollar el marco normativo de cogobernanza con las administraciones locales, con el asesoramiento de expertos en políticas municipales y/o educativas. Dentro de este marco debe haber una referencia explícita al desarrollo de programas socioeducativos en colaboración con AMPAs y asociaciones culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre del entorno.
13. Promover oficinas municipales de información y orientación a las familias, sobre todo de origen inmigrante, sobre la oferta escolar del municipio,
14. Habilitar en cada circunscripción y/o zona escolar oficinas de matriculación, que serán las únicas instancias para el ejercicio de la matriculación del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
15. Actualización de la Ley 13/1988 de Consejos Escolares, que permita una reorganización de las funciones y de la composición del Consejo Escolar de Euskadi, una reactivación de los Consejos Municipales, así como el impulso de nuevas fórmulas de participación comunitaria en los centros.
16. Reforzar el papel y las competencias de los Consejos Escolares Municipales en la identificación de las necesidades educativas, en la capacidad de hacer propuestas sobre planificación de la oferta educativa y en la determinación de criterios y su aplicación para una escolarización más inclusiva del alumnado, incluidas las derivadas de las nuevas zonas urbanas. 

EQUIDAD

Principios

• Apostamos por la escuela como institución que contribuya a la superación de las desigualdades de origen y como herramienta primordial de construirnos como una sociedad vasca cohesionada.
• Concebimos el Servicio Vasco de Educación como el conjunto de centros sostenidos con fondos públicos que participan activamente del empeño común de superar cualquier deriva discriminatoria y segregadora, cualesquiera que sean los motivos.
• La proactividad de las políticas por la justicia social en educación debe incidir en un doble plano simultáneo: en el plano sistémico de mejorar los mecanismos de la planificación educativa y en el plano compensatorio de la dotación de recursos donde más se necesitan.

Actuaciones

17. Activar los mecanismos de control necesarios para que la gratuidad de la enseñanza sea observada y quede erradicada toda práctica abierta o encubierta de cobro de cuotas por enseñanza.
18. Asegurar los procedimientos mediante los cuales la Administración aprobará los cobros que los centros concertados van a realizar por actividades complementarias o de servicios y publicar en el BOPV al menos una vez al año las cantidades aprobadas y sus conceptos, todo ello en aras a garantizar la debida transparencia.
19. Actualizar el Decreto 1/2018 sobre admisión de alumnado que asegure la libre elección de centro dentro de un marco garante de la cohesión y de la escolarización equilibrada entre los centros, repensando los criterios de baremación (como el peso de las rentas, el peso de la cercanía, el punto “dinástico”, el punto “discrecional”, etc.), verificando el cumplimiento de algunas medidas como la reserva de plazas para alumnado NEAE, y estudiando la implantación de mecanismos como la doble lista u otros que permitan alternativas al “mecanismo de Boston”, en vigor. Tendrá muy presente el impacto de la oferta en el actual contexto de bajada de la natalidad. En todo caso, la actualización de este Decreto se realizará con el asesoramiento de una comisión de personas expertas creada ad hoc.
20. Reglamentar con carácter público el ICE (Índice de Complejidad Educativa) con sus componentes y sus aplicaciones para la toma de decisiones de política educativa en materia de equidad. Esta reglamentación incluirá lo establecido en el punto siguiente.
21. Establecer los mecanismos de reequilibrio y los períodos de transición necesarios para corregir la situación de los centros de muy alta complejidad y de muy baja complejidad, medidos con arreglo al ICE.
22. Condicionar la financiación pública a la respuesta a un mínimo de complejidad educativa, y, por tanto, a la acreditación del interés social del centro, según el ICE y otros parámetros que establezca la Administración y con los períodos de adaptación que se estimen necesarios.
23. Reglamentar los mecanismos de asignación diferenciada de recursos a los centros, según su ICE. Se estudiarán las fórmulas de éxito de otros países con las financiaciones proporcionales.
24. Promover los Proyectos de Intervención Global de los centros desaventajados y regular por los mecanismos de provisión de personal específicos que se establezcan el profesorado cualificado, motivado e incentivado para el desempeño en estos centros, así como los equipos directivos que los lideren.
25. Trasladar a las oficinas zonales o municipales de matriculación la gestión del alumnado de incorporación tardía, que, no obstante, seguirán los criterios establecidos en la Resolución de 25 de mayo de 2018 de la Viceconsejería de Educación, a los que hay que añadir una gestión inteligente de los incrementos y/o reducciones de ratios, todo ello en aras de una gestión equilibrada de la matrícula viva.
26. Actualizar la normativa de 1998 sobre alumnado de necesidades educativas especiales.
27. Ampliar la concesión de becas a las actividades complementarias y extraescolares, de manera que ningún alumno o alumna quede sin participar en las mismas por razones económicas.
28. Consolidar la jornada partida, salvo las excepciones debidamente autorizadas. El programa Hauspoa será reformulado de modo que sea una oferta de jornada continua flexible, con amplios horarios de apertura de los centros.

CALIDAD-EXCELENCIA

Principios

• Los dos cambios que un nuevo paradigma educativo viene exigiendo y que nos proponemos impulsar son la consideración del centro educativo como la unidad básica administrativa, en cuyo servicio debe girar todo lo demás y la implantación real, no solo decretada, de una educación por competencias, entroncada con las mejores tradiciones humanísticas de una pedagogía centrada en el alumnado y su aprendizaje.
• Para impulsar el primero de estos cambios, nos proponemos el avance progresivo de la autonomía de los centros y el desarrollo de su marco jurídico, tal como propuso la LEPV, construido desde el reconocimiento de las dimensiones pedagógica, organizativa y de gestión. Este marco de autonomía debe acompañarse de la rendición de cuentas que no tiene que ver con una recentralización encubierta, sino con el derecho de una sociedad democrática de conocer la eficacia y la eficiencia de la educación sostenida con fondos públicos.
• Como corolario lógico de lo anterior, el nuevo paradigma educativo basado en los centros exige el impulso de políticas que refuercen el rol directivo centrado en el liderazgo pedagógico. Queremos impulsar direcciones fuertes que guíen a la comunidad escolar, mediante una estrategia sólida, con autonomía para la toma de decisiones y asumiendo siempre la responsabilidad respecto a los resultados a alcanzar.
• Para la segunda de las transformaciones, consideramos imprescindible transformar la actuación del profesorado a partir de la formación y la reflexión sobre su propia práctica, en el marco del proyecto estratégico del centro y de la cooperación interescolar.  Esto obliga a cambios profundos en el rediseño de los entornos y los procesos de enseñanza-aprendizaje, tarea imposible si no cuenta con el propio profesorado, cuya activa participación hay que promover.
• Apostamos también por un modelo plurilingüe intercultural, cuyo eje es el euskera y que se estructura en dos lenguas oficiales, y una lengua extranjera, si bien haciendo presentes en los centros las lenguas y culturas de los alumnos de origen. Todo ello vertebrado en los proyectos lingüísticos de cada centro, dentro de un marco común. Se dará un tratamiento diferenciado de las tres lenguas, tanto desde la planificación curricular como extracurricular, teniendo en cuenta la función y situación sociolingüística de las mismas. No obstante, se marcan las metas de referencia del marco europeo de las lenguas del B1 al finalizar la Educación Primaria y B2 al finalizar la Educación Secundaria.
• A partir del camino recorrido, es preciso profundizar en la configuración de un sistema de evaluación propio, riguroso y fiable que ayude en la mejora continua del modelo educativo vasco.

Actuaciones

29. Desarrollar un Decreto sobre la autonomía de los centros públicos que permita dar cumplimiento a la exigencia normativa de la LEPV de dotar de un marco normativo a la autonomía. (artículo 5 d).
30. Promover la corresponsabilidad entre Administración y los centros, bajo la fórmula de los contrato-programa y regular normativamente esta figura. Esta actuación se encuadrará en el Decreto sobre autonomía de los centros, aunque su implantación se puede adelantar.
31. Desarrollar los mecanismos y la normativa para que las comunidades escolares de los centros públicos puedan perfilar las plazas del profesorado, en desarrollo del artículo 66.2 de la LEPV. Esta actuación se encuadrará en el Decreto sobre autonomía de los centros, aunque su implantación se puede adelantar.
32. Actualizar el Decreto 61/2012 y sus sucesivas modificaciones sobre las direcciones de los centros para alinearlo mejor a los propósitos arriba indicados.
33. Reformular los Decretos Curriculares, especialmente el de la Educación Básica, aligerando la prolijidad de sus contenidos y adaptándolos a un marco homologable de competencias educativas, junto con la impostergable actualización de las órdenes de evaluación, que deben ser objeto de especial atención.
34. Elaborar y desarrollar un Plan de Transformación Educativa, con amplia participación del profesorado y la comunidad educativa, que permita identificar y fomentar el talento entre docentes a fin de puedan tener un efecto tractor para todo el cuerpo docente y contemple una serie de medidas que faciliten una cultura profesional colaborativa.
35. Elaborar y desarrollar un Plan de Digitalización que incluya no solo el despliegue de las infraestructuras y herramientas necesarias, sino los materiales digitales, los planes de capacitación docente y las pautas pedagógicas y metodológicas de uso de estas herramientas.
36. Renovar la normativa de los Berritzegunes, para actualizar tanto sus funciones y tareas como las plantillas y los perfiles del personal que cubre sus plazas.
37. Orientar los Planes de Inspección de manera que un eje principal de la actuación de esta, en sintonía con el nuevo paradigma de autonomía, sea la evaluación global de los centros, liberándola de burocracias innecesarias y superando intervenciones fragmentadas.
38. Elaborar un marco legal de educación plurilingüe al que pueden acogerse los centros que deseen, previa elaboración y homologación de su Proyecto Lingüístico de Centro.
39. Encargar al ISEI-IVEI y/o a las universidades de nuestro entorno investigaciones que permitan hacer un diagnóstico de la realidad lingüística del modelo D acompañado de las propuestas que permitan un avance en los estancamientos detectados.
40. Elaborar un Plan de Choque contra las Repeticiones de Curso, con las medidas preventivas y de refuerzo necesarias que permitan adelantarse y soslayar esta medida y reducir significativamente los porcentajes de repetición, especialmente en la Educación Básica.

DESARROLLO DEL PRESENTE ACUERDO

• Para el despliegue del conjunto de actuaciones recogidas en el presente Acuerdo Escolar nos marcamos el horizonte del 2030, dividido en dos cuatrienios de planificación: 2022-2026 y 2026-2030. Pasado el primer período, se harán los reajustes necesarios, que deben ser presentados en la segunda planificación cuatrienal. 
• Una comisión política compuesta por representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y presidida por el Consejero/a de Educación y otra comisión técnica que será compuesta, a propuesta del Parlamento Vasco, por personas y agentes educativos cualificados e independientes, harán el seguimiento del Acuerdo y de su cumplimiento. Se informará anualmente en el Parlamento Vasco del desarrollo del presente Acuerdo.