El Decreto Ley 10/2019 sobre el procedimiento de integración de centros educativos a la red de titularidad de la Generalitat se ha cobrado su primer fruto. El colegio concertado Inmaculada Concepción, a partir del curso 2020-21 Instituto Escuela Eixanple, ha solicitado su cambio de titularidad. Las religiosas titulares han propuesto al Consejo Escolar que el colegio pase a ser de la Generalitat y este ha aceptado.

El centro está ubicado en un distrito del centro de Barcelona, donde se reparten el alumnado 17 centros públicos y 28 concertados. Precisamente por la competencia con otros centros, especialmente de su red,  desde 2011 viene experimentando una bajada de las matriculaciones que ha obligado a cerrar una línea en Infantil y Primaria, por lo que la necesidad de frenar la sangría de despidos ha llevado a adoptar esa decisión, aunque cabe conjeturar que también han podido influir un cúmulo de factores como la falta de vocaciones, el apremio por liberarse de cargas económicas, la búsqueda de alguna fuente más de financiación para sus proyectos en países del Sur (las instalaciones se alquilarán los próximos 15 años al Departament d´Educació) y quién sabe si también la reflexión dentro de la orden sobre el sentido de mantener un colegio en el centro de Barcelona.

Ya me he manifestado en alguna ocasión anterior favorable a esta política de buscar ampliar el perímetro de la pública, y aplaudo la forma inteligente de llevarla a cabo por parte del Departamento de Bargallò, alejada de beligerancias innecesarias. Se parte de una disposición favorable del centro (no es una “OPA hostil»), responde al incremento de demanda de plazas públicas en la zona y se respeta al profesorado y al PAS, pues, aunque con una nueva dirección formada por personal funcionario, se van a mantener los puestos de trabajo actuales como personal laboral a extinguir, incluidas las religiosas profesoras con titulación. Con ello se da un paso en la dirección de ampliar la oferta educativa pública en el centro urbano, es decir, para las clases acomodadas de Barcelona, tratando de paliar un déficit crónico, pues en Barcelona, según la alcaldesa, Ada Colau, solo el 40% de la oferta es pública.

Históricamente la oferta privada se ha concentrado en las ciudades y grandes núcleos urbanos. Refiriéndonos a nuestra realidad, el año 2012 el Consejo Escolar de Euskadi ofrecía los siguientes datos sobre la implantación de las redes según el tamaño de los municipios.

Fuente: elaboración sobre datos del Consejo Escolar de Euskadi, 2012.

En grandes ciudades como Bilbao y San Sebastián se da una situación de hechos consumados por la que la implantación de la privada está tan arraigada que la oferta pública no tiene ni siquiera espacio físico para crecer y hacer aflorar toda la demanda pública que podría haber en otra circunstancia. Con datos del curso 2014-15, que no creo que hayan variado mucho a día de hoy, este es el porcentaje de alumnado en la enseñanza pública en el conjunto de las etapas básicas (Primaria y ESO) referido a las zonas escolares de estas dos ciudades y a algunos municipios populosos próximos a ambas. Podemos observar que el porcentaje no supera el 50% en la mayoría de los casos.

  Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Euskadi, 2016.

Agentes de la Escuela Pública como las asociaciones EHIGE y HEIZE proponen un sistema educativo en el que la escuela Pública sea eje vertebrador del mismo, pero sin un crecimiento de su oferta en los grandes centros urbanos eso no será nunca posible. A falta de terrenos que permitan crecer, el camino emprendido por la Generalitat no es solo realista, sino que parece el único posible. Después de este colegio de Barcelona, hay 31 más en la lista de espera. Para ello, repitámoslo una vez más, hace falta voluntad política. A ver si nuestro Departamento de Educación se atreve a seguir la misma senda.