Siempre atento a aquellas posibles coincidencias que permitan la superación de un bloqueo infinito en la educación vasca, me he encontrado con una intervención de Koldo Tellitu, Presidente de Ikastolen Elkartea, en un debate sobre educación vasca en Radio Euskadi (27/11/2019), en que acepta que los centros concertados para entrar en el servicio público de educación deben de tener una serie de características muy directamente relacionadas con la cohesión social y gestionados de manera democrática y sin ánimo de lucro. Por su parte, Lurdes Imaz, coordinadora de EHIGE y otra de las invitadas al debate, planteaba en esa línea la necesidad de preguntarse qué debe concertarse y qué no, en lugar de la política de concertación universal que se ha dado hasta ahora. En parecidos términos se expresa el documento «Euskal Eskola Publikoa, Gaur, Bihar”, cuando se habla de “un servicio público de la educación para la cohesión y la justicia social”. (Página 5). Parto, en todo caso, de la seguridad de que cada cual habla no de lo que gustaría, sino de lo posible en la coyuntura actual.

Como ya he explicado en otra ocasión, no estamos hablando propiamente de un concepto novedoso, “el servicio público de educación”, pues ese ya está reconocido tanto en la legislación estatal como en la vasca, sino de una reformulación del mismo bajo parámetros diferentes de lo que hemos conocido hasta ahora. Ponerse de acuerdo en esto y ejecutarlo con rigor (y control social) creo que es el reto inmediato que nos puede sacar de determinadas diatribas ideológicas, más estériles.

En mi opinión, los parámetros fundamentales para el reconocimiento de un centro bajo el paraguas del servicio público serían los siguientes:

• Carecer de barreras discriminatorias de toda clase (raza, género, ideología, convicciones políticas, religiosas, condición social y económica, diversidad funcional, etc.). No digo renunciar al ideario, sí, en cambio, a seleccionar al alumnado en función del mismo. También, claro, me refiero a la eliminación de filtros económicos, entre otros.
• Respetar y responder a la diversidad del alumnado. Dicho de otra manera, ser un centro inclusivo y que da respuesta a las exigencias sociales de la cohesión social.
• Ser transparente y carecer de ánimo de lucro. La transparencia debe predicarse respecto a la gestión económica y también respecto a las actividades propias de la institución escolar, sus efectos, su eficacia y su eficiencia. La rendición de cuentas no debe dejar lugar a las dudas.
• Ser democrático y participativo. Las comunidades educativas, con su complejidad de estamentos e intereses, deben ser las protagonistas del hecho educativo, con un alto grado de autogestión. Claramente, dentro de este principio entra la selección y contratación del personal.

Correlativamente con estas características, hay un numerosas reformas que realizar en el sector concertado, todas ellas poliédricas y delicadas: la determinación del coste de una plaza, como se han propuesto en Cataluña, la financiación con arreglo a ello, la gratuidad efectiva, la transparencia y unificación de las fuentes de financiación, un mayor control de la gestión de los fondos públicos, una reformulación de los criterios de concertación sobre la base del servicio social que presten y de las necesidades educativas que atiendan, una reestructuración consecuente del sector, nuevas formas de acceso y contratación a la tarea docente, unos consejos escolares con una participación comunitaria real…por citar solo algunos aspectos.

Pero también los centros públicos deben realizar su particular prueba del algodón, según a qué sectores atiendan, creciendo en autonomía y revisando la estructura funcionarial y la actual provisión de puestos, así como la participación real de las familias. La titularidad de la Administración no otorga automáticamente patente de público.

Pese a todo, siempre nos quedará pendiente la cuestión de la titularidad, que, como ya he señalado en ocasión anterior, no es cuestión baladí y siempre va a marcar una diferenciación en los modos de llevar a cabo el hecho educativo y por ahí la posibilidad de abrirse una vía para la desigualdad. Pero considero que ni históricamente, ni por la correlación de intereses entre las fuerzas sociales vascas estamos actualmente en condiciones de abordar esta cuestión, aunque sí de mejorar en muchas de las prácticas autoritarias, corporativas o segregadoras que se dan. Por ahí veo terreno para el avance común.