Comienzo el curso volviendo otra vez la mirada hacia Catalunya, para comentar en este caso una iniciativa validada por unanimidad en el Parlamento catalán a finales del curso anterior: El Govern ha aprobado un Decreto para regular la publificación de centros concertados. El Conseller de Educación ha señalado que su objetivo es fortalecer la red pública y lo ha defendido como una medida para paliar las dificultades de encontrar suelo para construir centros públicos, especialmente en el centro de las ciudades, por lo que se ofrece esta medida posibilitadora de que primero aflore y después se responda a la demanda -al parecer creciente- por la escolarización pública.

Me he referido en alguna ocasión a propósito de algún centro en crisis, por ejemplo “La Milagrosa” de Barakaldo, a la necesidad de que el Gobierno Vasco pusiera en marcha una iniciativa semejante haciendo un estudio previo de necesidades educativas y de centros que están o que pueden estar en crisis a corto o medio plazo. Hay circunstancias coyunturales que favorecen el crecimiento de la red pública. En cuanto a centros de ideario religioso, la crisis vocacional ha dejado en buena medida la responsabilidad de esos centros en laicos y laicas, que con la conservación del centro llevan aparejado su nicho de trabajo y de sustento. No digo que no haya en esos centros personas con una identificación a diferentes niveles con la propuesta educativa del centro. Pero creo también que propuestas razonables de empleo y publificación en las condiciones que se determinasen por ley serían muy tenidas en cuenta y estudiadas por más de un claustro. También condiciona y puede favorecer al objetivo que propongo una bajada de natalidad que no tiene visos de remontar en el corto plazo y que, además de recrudecer la competencia entre los centros, prefigura un panorama laboral nada halagüeño.

Kristau Eskola es consciente de esta situación y en el año 2014 decidió crear la Fundación Bidaide para una cesión de la titularidad a la misma de centros de dicha patronal afectados por la crisis que vengo comentando. Una especie de subrogación. Es una iniciativa que ha pasado bastante desapercibida y cuyo alcance y éxito desconozco, pero es un indicador de una voluntad de ayudar a sus centros a capear el temporal y salir al rescate si es necesario.

Por contra, cabría preguntarse qué corresponde hacer al Departamento de Educación, titular de los centros públicos. La respuesta dependerá de cómo se conciba a sí mismo, según la opción ideológica que le sostenga. Caben dos posturas: sentirse responsable del crecimiento y consolidación de la red de su titularidad y para ello aprovechar la coyuntura para ampliar el perímetro de la oferta pública, tratando de paliar en lo posible déficits históricos, principalmente en las ciudades, o limitarse a una postura no intervencionista, situándose como árbitro neutral entre las opciones y redes educativas. A la primera parece que se ha apuntado el Govern de Catalunya. A la segunda el Gobierno Vasco que, de facto, trabaja con el implícito de un sistema complementario de redes, con una Administración que se sitúa por encima de ellas como agente regulador, concediendo la misma legitimidad a todas. Ya el PNV reflejó este modelo en la ponencia de educación de su IV Asamblea General (2004).

Pero además de ideológicas, hay razones económicas. No sé qué cuentas habrá hecho Bargallò, pero está claro que la subcontratación (“barata”, dijo Miren Etxezarreta de ELA) de los centros concertados sale más a cuenta, y ahí está el meollo del conflicto por resolver en las huelgas de los centros llamados de iniciativa social. El Gobierno Vasco está tan imbuido de su rol de árbitro regulador entre redes que, a pregunta de Bildu en el Parlamento Vasco sobre su papel en el conflicto mencionado, ha respondido recientemente diciendo que “ha realizado una propuesta firme que aborda la posibilidad de recolocación del personal que se vea afectado por la disminución de aulas, así como de rejuvenecimiento de plantilla favoreciendo el contrato relevo”. O sea, que su apuesta no es por ampliar la oferta pública con el coste que ello tenga, sino recolocar un personal que no es suyo, pero al que le propone una salida como si fuera suyo.

Creo en el respeto a la pluralidad de opciones, pero también creo que la coyuntura es favorable para ampliar el perímetro de la Escuela Pública, aunque haya que estudiar las condiciones de esta operación. El tamaño no es lo más decisivo, pero es conditio sine qua non para unas políticas que activamente buscasen un proyecto hegemónico de país para la Escuela Pública.