OPE 2018

Escabechina, escándalo y otros expresivos sustantivos han acompañado las valoraciones de los resultados de la ultima OPE en la que han quedado sin cubrir en el Estado casi 2.000 plazas de las más de 21.000 ofertadas, llevándose la palma Euskadi, con el 27% de plazas por cubrir (405 de 1.511). En el extremo opuesto del abanico se sitúa Valencia con el 100% de plazas adjudicadas (3.000). CCOO ha hecho un pormenorizado análisis de datos, algunos muy llamativos, al que remito para no cargar esta entrada de prolijidad.

Ante estos datos, es normal que el mundo educativo se haya quedado perplejo, quizá porque el dimensionamiento estatal de la oferta era llamativo, el mayor desde 2009, pero no se debe olvidar que viene siendo un fenómeno repetido en las últimas convocatorias realizadas, al menos en la CAPV.  Y también es lógico que los ánimos de algunas partes directamente concernidas estén calientes. Estamos en terreno muy resbaloso, pero me animo a compartir algunas de mis propias inquietudes.

¿Qué pasa ahora que no pasaba hace 25 años para que más de 1 de cada 4 plazas ofertadas haya quedado desierta? Es difícil explicar, pero de entrada quiero dejar a salvo la honorabilidad de los tribunales. Creo en la buena fe y la profesionalidad de las personas que han compuesto los tribunales. Conozco algunas personas que han tenido que lidiar con la desagradable tarea que se les ha encomendado y sé que no hubieran aceptado ningún tipo de presión y que han estado alejados de cualquier espíritu inquisitorial. No se puede arrojar ninguna sombra de duda, como ha ocurrido en Osakidetza. Más bien, yo les agradecería haber velado, dentro de lo que es el actual marco de una OPE, por la calidad del funcionariado seleccionado.  No quiero hacer hipótesis sobre la diferencia entre los resultados de Euskadi y de Valencia, pero de entrar en sospechas no me inclino para el lado de Euskadi. Y no digo más.

Salvado esto, la pregunta sigue en pie. ¿Qué ha pasado cuando las condiciones de la OPE son fruto de un acuerdo estatal entre sindicatos y Gobierno; cuando se han introducido algunas mejoras (menos temas, más bolas para elegir, etc.); cuando en la parte escrita (solo superada en Euskadi por el 41% de cuantos se presentaron) bastaba con un 5 de media, con tal de que en ninguna de sus dos partes se bajara de un 2,5; cuando la ratio plazas/opositores inscritos es manifiestamente más baja que hace 25 años (3 inscripciones por plaza para euskera, 1,9 para castellano y 2,4 en matemáticas, solo por citar tres de las especialidades que han dejado más plazas por cubrir); cuando el conjunto de la prueba escrita y oral solo vale el 60% y el otro 40% se atribuye a antigüedad (con más peso que antes), formación y otros méritos?

No puedo evitar una sensación de que algo socialmente se ha deteriorado para que una profesión, con sus sombras y dificultades, no lo niego, pero que ofrece unas condiciones laborales nada desdeñables, en sueldo, horario y vacaciones, además de una estabilidad blindada, no haya conseguido atraer, si no por pasión educativa y transformadora, al menos por otros incentivos, o por una mezcla de ambas cosas, a un contingente suficientemente amplio y preparado como para pasar las pruebas. Creo que estamos ante un indicador poco halagüeño de calidad social.

Se me queda corto el discurso sindical que imputa a la dureza de las pruebas, al carácter eliminatorio de las mismas, etc. la explicación principal de lo ocurrido. Todo es mejorable, naturalmente: las horas de dedicación de los tribunales, la actualización de los temarios y todo el largo etc. que se quiera. Pero la rebaja de las dificultades,  no creo que lograra corregir un fenómeno que es más profundo y que desgraciadamente perjudica a la Escuela Pública. Un ejemplo: si la función de una OPE es seleccionar entre quienes reúnen los requisitos de titulación a los y las mejores docentes bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, esto se compadece mal con que muchos interinos ni se hayan planteado presentarse a las oposiciones y que entre los aspirantes seleccionados hay un embudo que se estrecha a medida que las puntuaciones en las listas de sustituciones son mayores. El 41% tenía menos de 30 puntos.

Creo que el actual sistema OPE  de selección del profesorado forma parte del entramado de una concepción estatalista del funcionariado y de la educación que merece ser revisado, si queremos que la Escuela Pública aspire a algo más que asegurar formalmente el derecho a la educación de toda la ciudadanía. Pero esto, quizá, queda para otro post.